'Caso Urbanor'

El Gobierno deniega el indulto a 'los Albertos'

Sólo seis meses después de la petición de indulto solicitada por los Albertos, el Gobierno anunció ayer el rechazo de la medida de gracia.

'A propuesta del Ministerio de Justicia, se deniega el indulto a Alberto Cortina y Alberto Alcocer porque el expediente considera que no hay razones de justicia, equidad, utilidad pública u otras razones de tipo jurídico o material que justifiquen la concesión de éste', asegura el informe elaborado por el Ejecutivo.

Según explicó el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, 'el Gobierno atiende, con carácter general, los criterios del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal, y en este caso ambos eran contrarios a la concesión del indulto'.

El Consejo de Ministros adopta íntegramente los criterios jurídicos del Supremo y del fiscal

Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados el pasado 14 de marzo por el Tribunal Supremo a tres años y cuatro meses de prisión por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil en el llamado caso Urbanor.

Diez días después, el 25 de marzo, la defensa de los ex financieros decidió pedir un indulto al Gobierno para evitar la ejecución de la sentencia, que les acusa de estafar 24,55 millones de euros a los accionistas minoritarios de Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las torres Kio de Madrid.

Paralelamente, los Albertos presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que ahora, con la denegación del indulto, es quien tiene la última palabra sobre su ingreso en prisión.

Mientras se resuelve el amparo, el Constitucional decidió paralizar la ejecución de la sentencia, lo que evitará que los Albertos ingresen en la cárcel hasta dentro de unos meses.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso el 16 de julio pasado al estimar que la materia recurrida es competencia del Constitucional. La admisión no se refiere en ningún caso a una posible suspensión de las penas impuestas, sino que la Sala tendrá que estudiar si durante el proceso se vulneró alguno de los derechos fundamentales de los condenados.

Este proceso suele durar, según fuentes del Constitucional, no menos de seis meses, lo que podría retrasar el fallo hasta después de las elecciones generales. Las mismas fuentes aseguraron ayer que el recurso de los Albertos se resolverá como cualquier otro, a pesar de tratarse de dos personajes de tanta relevancia pública.

La decisión del Ejecutivo causó ayer sorpresa en círculos judiciales y políticos. Se esperaba que el Gobierno, que suele tardar en torno a un año en pronunciarse sobre un indulto, esperase el veredicto del Constitucional.

Una de las más recientes y polémicas medidas de gracia concedidas por el Gobierno Aznar, la del magistrado Javier Gómez de Liaño, tardó 14 meses en resolverse. Sin embargo, el Ejecutivo ha tardado en este caso poco más de seis meses en decantarse en contra, alineándose con las tesis del Tribunal Supremo y del fiscal, que fueron contrarios a la medida de gracia 'al no existir razones de justicia o equidad'.

Aunque la ejecución de la condena está suspendida, no así la responsabilidad civil de los Albertos en el caso Urbanor. La sentencia les condenaba a indemnizar con unos 48 millones de euros a los accionistas de la sociedad, contando los intereses. Hasta ahora sólo han pagado 24,5 millones.

Los fundamentos del recurso de amparo

El Constitucional es la última tabla de salvación que les queda a los ex financieros para evitar la cárcel. El recurso de amparo que presentaron los letrados de los dos condenados se basa en la presunta prescripción de los hechos, el mismo argumento que utilizó la Audiencia Provincial de Madrid para absolver a los primos en primera instancia. El recurso se fundamenta también en el rechazo de la prueba de una carta remitida por los Albertos a sus antiguos socios de Urbanor.