La CECA negocia con PP, PSOE y CiU cambiar la Ley de Transparencia
Las cajas de ahorros, a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), han iniciado en los últimos días negociaciones con el Gobierno y los distintos partidos políticos (PP, PSOE y CiU) para que se modifiquen algunos artículos de la Ley de Transparencia exclusivos del sector, según han confirmado fuentes políticas.
Con estos cambios la CECA, a petición del sector, pretende, entre otras cosas, que se eliminen las asimetrías existentes entre cajas y bancos en materia de transparencia. Esta fue, de hecho, una de las principales quejas que las cajas manifestaron al Gobierno cuando se aprobó en julio pasado la Ley de Transparencia, críticas que continúan.
El sector no entiende por qué se le exige mayores obligaciones de información que a los bancos. Y más cuando asegura que nunca se ha resistido a aplicar prácticas de transparencia en su gestión, y se considera más transparente que el resto de las empresas que cotizan, incluidos los bancos.
Por esta razón han iniciado negociaciones con el PP, PSOE y CiU para que pacten una serie de normas que permitieran equiparar las obligaciones de información de las cajas a la de los bancos. En principio, y según fuentes políticas, la predisposición de los tres grupos es acordar una serie de enmiendas que se introducirán en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, a través de las cuales se realizarán los cambios pertinentes a la Ley de Transparencia para evitar que se produzcan estas asimetrías.
Una de las principales quejas del sector de ahorros a la Ley de Transparencia, y que se intenta subsanar ahora, es la relativa al hecho de que las cajas tengan que informar en sus webs de los créditos concedidos a ayuntamientos y partidos políticos y en qué condiciones. Hasta que se aprobó la Ley de Transparencia las cajas daban cuenta de estos datos al Banco de España, institución que no hacía pública esta información.
Eliminar asimetrías con los bancos
La exigencia de recoger estos datos en el informe de gobierno corporativo de las cajas es exclusivo del sector, puesto que los bancos no tienen esta obligación. Las cajas entienden que publicar las condiciones a las que conceden sus préstamos a políticos o corporaciones locales atentan contra las prácticas comerciales, al facilitar a la competencia (los bancos) pistas sobre su principal fuente de negocio, los créditos.
Por ello, y aprovechando la tramitación de la Ley de Acompañamiento, las cajas han vuelto a insistir ante el Gobierno y políticos de esta discriminación, y han pedido una aclaración de lo que se consideran 'operaciones vinculadas' a los procesos de renovación de las cajas para que se cambie este concepto.
Se pretende así eliminar la obligatoriedad de informar de las condiciones financieras concedidas a los ayuntamientos implicados en los procesos de elección de la asamblea de las cajas.
Los consistorios con derecho a voto se eligen por sorteo entre los que albergan alguna oficina de la entidad. En ocasiones participan en estos sorteos más de 700 ayuntamientos.
Fuentes políticas aseguran que están de acuerdo en eliminar esta exigencia. Las cajas, de hecho, ya han tendido otras redes para evitar esta asimetría frente a los bancos.
En julio enviaron a Bruselas un escrito reclamando que se las incluyera en el proyecto de directiva que estaba elaborando la Comisión Europea sobre normas de buen gobierno para sociedades cotizadas. Con ello, las cajas pretendían tener las mismas obligaciones que los bancos, y no más, en materia de transparencia.
Otra modificación que se negocia introducir en la Ley de Acompañamiento se refiere también a la comisión de inversión. Las cajas pretenden que los miembros que formen esta comisión sean 'profesionales', es decir, miembros de la entidad. Con ello se quiere evitar la tentación de que alguna comunidad autónoma pretenda nombrar a un representante externo a la caja en esta comisión.
Además, se restringirán las actuaciones de esta comisión para que se limite a informar sobre las inversiones estratégicas que aborde la caja, pero que la facultad de proponerlas corresponda al consejo, marcando una diferencia con el texto.
Lo que piden las cajas
Las cajas quieren que se elimine la obligación de difundir las condiciones de oferta de sus créditos a los ayuntamientos donde tienen oficinas.También piden que se las exima de informar en sus webs de los créditos concedidos a ayuntamientos y partidos políticos.Solicitan que los miembros de la Comisión de Inversión sean 'profesionales' propios.Esa comisión sólo debería informar sobre las inversiones, las cuales deberán ser propuestas por el consejo.