Convulsión en el sector energético

La nueva Ley de Transparencia siembra dudas sobre los pactos entre accionistas

La responsable de la polémica es la letra c del punto segundo de la disposición transitoria tercera de la Ley de Transparencia. Se trata sólo de un párrafo, pero esas escasas nueve líneas son en gran parte el motivo de la guerra desatada entre los socios de Cepsa y suponen toda una bomba de relojería para determinados pactos de accionistas.

En concreto, la disposición establece que los acuerdos entre accionistas, 'incluida en este caso la regulación directa o indirecta del derecho de voto en cualquier órgano social', posteriores a 1988 son ineficaces 'cuando las partes por ellos vinculadas fueran titulares, directa o indirectamente y en el momento de la celebración, prórroga o modificación del pacto, de una participación que conjuntamente sea superior al 25%'.

Existen dos formas de estar al margen. Una consiste en que alguno de los socios hubiera lanzado una opa idéntica a la que, según la norma vigente en el momento del acuerdo, tuviera que formularse en caso de que la participación conjunta se hubiera adquirido en solitario. La otra pasa por que la firma del acuerdo se realizara en un tiempo o en una situación que no exigiera una opa.

Si no se está en estos supuestos, sólo hay una manera de que los pactos entre accionistas sigan siendo válidos. 'Tendrán que lanzar una opa', explica Francisco Peña, especialista en derecho mercantil y socio del bufete Gómez-Acebo y Pombo.

En caso contrario, los socios del pacto pueden sentirse totalmente liberados de sus compromisos, ya que, a los ojos de la ley, ese acuerdo es ineficaz y nadie puede reclamar su incumplimiento.

El escenario teórico plasmado por la ley no está exento de complejidades en su aplicación práctica. La lucha en Cepsa es el mejor ejemplo: el SCH se considera liberado, pero Total le acusa de haber interpretado la normativa de manera apresurada. Y no es el único caso que puede sembrar polémica. La nueva regulación pone en cuestión los pactos de accionistas de Gas Natural, FCC, Iberia, Amadeus y Sogecable. Todos ellos podrían vivir situaciones similares a la de Cepsa.

La disposición transitoria parece clara para los firmantes de los pactos que tengan sus participaciones directamente en la sociedad cotizada. Lo que no está tan claro es que les afecte también cuando la participación se vehicule a través de una empresa conjunta y sea ésta la que figure como accionista de la empresa. La Ley de Transparencia obliga a comunicar los pactos en ambos casos, pero la disposición transitoria sólo habla del primero. Será la CNMV la que tenga que dirimir el conflicto y, según Peña, al tratarse de una norma sancionadora, tiene que aplicarse de forma restrictiva, lo que convertiría en eficaces y vigentes los pactos entre accionistas articulados a través de una sociedad conjunta.

Las principales afectadas

Gas Natural: un convenio recién estrenado

El pacto de accionistas entre Repsol y La Caixa en Gas Natural fue remozado menos de un mes antes de la entrada en vigor de la nueva ley. En la redacción del acuerdo no hay una alusión explícita a los derechos de voto, pero sí al reparto de poderes y tareas en la empresa. Así, los dos socios se han comprometido a llegar al consejo de administración con los acuerdos ya tomados y la decisión ya consensuada en las actuaciones que afecten al desarrollo estratégico de Gas Natural. El pacto contempla asimismo la distribución del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, donde el poder de ambos es paritario.

Un pacto a punto de acabar en Sogecable

Prisa y Canal + Francia firmaron un acuerdo para garantizar la estabilidad en Sogecable. Entre las dos suman más del 25% del capital de la empresa audiovisual, pero el pacto se rubricó antes de que Sogecable cotizara, así que no se podía exigir en ese momento el lanzamiento de una opa, con lo que la nueva ley no sería aplicable. Cualquier modificación o prórroga posterior, sin embargo, cambiaría la situación, aunque por poco tiempo, pues el acuerdo caduca en meses. Tras la integración de Vía Digital en Sogecable, Telefónica ha acordado igualar sus derechos políticos a los de la participación de Prisa y Canal +.

Una sociedad holding controla FCC

El caso de FCC es el más complejo entre las empresas del Ibex afectadas por la Ley de Transparencia. El control de la sociedad lo ejerce una compañía holding participada por Esther Koplowitz y Veolia, filial de Vivendi. Así, aunque las dos partes mantienen acuerdos que afectan a los derechos de voto y donde se otorgan poderes dirimentes, la determinación de si el pacto sigue siendo válido o no es más incierta y dependerá de la postura que adopte la CNMV. El punto más polémico es el voto de calidad en el consejo concedido a Koplowitz y que puede convertirse en permanente a partir del fin de 2004.

Acuerdo previo a la salida a Bolsa de Iberia

Con los acuerdos firmados entre los socios del núcleo estable de Iberia se podría redactar la lista de ejemplos que entrarían de lleno en lo que la ley considera pactos que afectan a los derechos de voto. British Airways, American, Caja Madrid, Logista, El Corte Inglés, BBVA y varias cajas controlan el 44% del capital y tienen regulada casi la totalidad de los movimientos. Sin embargo, estos pactos se firmaron antes de la salida a Bolsa de Iberia, un momento en el que ninguna ley podía obligar a lanzar una opa. Ahora bien, cualquier cambio posterior les llevaría directamente a la polémica disposición transitoria.