El Gobierno acelera el desarrollo de la Ley de Transparencia
El Ministerio de Economía está trabajando a toda máquina 'en el desarrollo reglamentario' de la Ley de Transparencia de los mercados que entró en vigor el pasado mes de julio y que anula determinados pactos entre accionistas. El Gobierno quiere aplacar cuanto antes la alarma empresarial generada por la norma en la que se ha excusado el SCH para lanzar una opa sobre Cepsa y espera que el reglamento pueda estar listo 'a lo largo del mes de noviembre', según fuentes oficiales de dicho ministerio.
En términos generales, la ley declara nulos los pactos parasociales entre accionistas cuya participación conjunta supere el 25% del capital de una sociedad cotizada.
Y entiende por pactos parasociales aquellos que incluyan la regulación del derecho de voto en las juntas y que impida a las partes comprar o vender acciones libremente. Además se exige que estos pactos sean de total dominio público.
Las compañías afectadas denuncian inseguridad jurídica
Así, con esta ley en la mano, el SCH ha dado por rotos los acuerdos que le ataban al grupo Total en Cepsa (de la que tienen, junto con Fenosa, más del 33% del capital) y se ha considerado con las manos libres para comprar acciones de la petrolera a través de una oferta pública.
A raíz de este hecho, muchas de las grandes empresas que mantienen acuerdos accionariales, como Repsol y la Caixa en Gas Natural, o Esther Koplowitz y Veolia en FCC, han puesto a trabajar de forma intensiva a sus equipos jurídicos para conseguir desentrañar la pregunta del millón: '¿Anula la ley nuestros pactos?'.
Aunque en determinados sectores jurídicos es sabido que el ministerio está elaborando el reglamento que puede despejar algunas de las dudas, en muchas de las empresas afectadas dicen desconocer tal extremo. 'Es lógico', subrayan fuentes jurídicas, 'que se esté preparando un reglamento porque toda ley lo necesita. Otra cosa son los plazos'.
Asesoramiento
Aunque ya se venía trabajando en el desarrollo de ciertos aspectos menos polémicos de la ley, como el voto por medios electrónicos en las juntas, ahora la consigna es acelerar los trabajos para despejar las dudas en aquellos que mantienen en vilo a las empresas.
Uno de los puntos más conflictivos es el relativo a la regulación del derecho de voto en las juntas. 'En este sentido, hay una clara indefinición legal, porque no queda claro si se refiere a todas las decisiones o sólo a algunas', señala un experto.
Aunque hay quien asegura que los responsables de Economía han buscado el asesoramiento del Círculo de Empresarios, en esta asociación aseguran no tener constancia. Sin embargo, no descartan 'que en algún momento puedan consultar con algunos de los 30 empresarios que forman parte del comité de buen gobierno', dice un portavoz. El Círculo elaboró un documento que fue utilizado después en el informe Aldama, base de la ley de transparencia ahora en cuestión.
Una norma para la polémica
La llamada ley de transparencia de los mercados que entró en vigor el 17 de julio es una modificación de la Ley del Mercado de Valores de 1988, y del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 1989, con la que se ha pretendido 'reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas'. Estos son sus aspectos más polémicos:Pactos parasociales Según la ley son los 'que incluyen la regulación del derecho de voto en las juntas generales o que restringen o condicionan la libre transmisibilidad de las acciones en las sociedades cotizadas'. Deben ser comunicados a la sociedad, la CNMV y al Registro Mercantil.Para más del 5% Los pactos parasociales que afecten a más del 5% del capital social o de los derechos de voto que se hayan firmado con posterioridad a la Ley del Mercado de Valores de 1988 deberán ser comunicados en el plazo de tres años, salvo que se presente una opa, en cuyo caso, la publicación debe ser inmediata. De incumplirse estos preceptos, se declararán nulos.Más del 25% 'Aunque se produzca comunicación', la ley también declara ineficaces los pactos entre accionistas con una participación directa o indirecta superior al 25% de los derechos de voto sin que alguno de ellos o ambos hubiesen formulado una opa, 'como la que conforme a la normativa entonces vigente hubiera debido formular quien pretendiese adquirir' más de un 25%.
ALGUNAS ALIANZAS Los pactos accionariales, bajo la lupa
El SCH rompió sus lazos con TotalEl presidente del SCH, Emilio Botín, abrió la espita el pasado 26 de septiembre al lanzar una opa sobre Cepsa. Rompía así unilateralmente los acuerdos que desde 1990 le unían al grupo francés Total en la petrolera española. El SCH entiende que rompe sus pactos conforme a la nueva ley, porque, entre otras cosas, impedían la libre transmisibilidad de las acciones. Total ha recurrido al arbitraje que el propio pacto incluye, pero ha aceptado deshacer Somaen Dos, la holding que comparte con el SCH.Repsol y la Caixa, de la mano en Gas NaturalLos acuerdos entre la empresa que preside Alfonso Cortina y La Caixa en Gas Natural se remontan a 1991, año en el que se creó este grupo, en el que entre ambos socios tienen el 51%. El control que ejercen fue reconocido en su día por el Servicio de Defensa de la Competencia. Los acuerdos se han renovado en el año 2000 y 2002 y se introdujeron algunas modificaciones con posterioridad. A diferencia de otros casos, los socios de Gas Natural consideran que su alianza no está afectada por la ley y ellos no desean la ruptura.Iberia, la unión del núcleo estableLa aerolínea de bandera tiene desde antes de su salida a Bolsa un núcleo compacto de accionistas que se reparten el 44% del capital. British Airways, American Airlines, Logista, Caja Madrid, el BBVA, El Corte Inglés y varias cajas de ahorros tienen una alianza férrea que ahora podría verse cuestionada por la nueva Ley de Transparencia de los mercados. La defensa contra una posible nulidad es que cuando los pactos se firmaron la compañía que hoy preside Fernando Conte no era sociedad cotizada.Aguas de Valencia: Bouygues lo da por rotoNo dos, sino cinco son los socios ligados por un pacto parasocial en Aguas de Valencia: Banco Valencia, Boluda, Lubasa, Facsa y Bouygues. Todos ellos están atados por un férreo contrato que les impide individualmente tener más del 33% de la sociedad que preside Vicente Boluda y ofrece derecho de tanteo en proporción a lo que cada uno tiene. Uno de ellos, el grupo Bouygues, ha recibido con entusiasmo la ley que declararía nulo, a primera vista, este acuerdo. De hecho, el pasado mes de febrero ya pidió la ruptura.