El eDNI y la firma electrónica
El documento nacional de identidad electrónico no empezará a popularizarse hasta el otoño de 2004, un año después de lo previsto. El eDNI es otro de los retos incumplidos del moribundo Plan Info XXI y su acta de nacimiento, si las Cortes no se disuelven antes, la recibirá de la anunciada Ley de Firma Electrónica, siempre que supere los obstáculos políticos y comerciales que están surgiendo a su paso.
En Internet no es fácil demostrar que uno es quien afirma ser a menos que se implante una identidad digital segura, que es lo que se pretende con la futura tarjeta de policarbonato.
La principal función del eDNI será la de identificar a los ciudadanos españoles pero también permitirá, si se le incorpora una firma electrónica, dinamizar el comercio electrónico y evitar colas para realizar trámites y papeleos, convirtiéndose en una aplicación rompedora, en una killer application que podría disparara el comercio electrónico y la Administración digital en España, contribuyendo así al arraigo de la sociedad de la información.
En 2014, por renovación de los DNI actuales, todos los españoles tendrán un eDNI digital, pero ¿tendrán todos firma electrónica?
Acreditar a los ciudadanos ante terceros es un servicio público por lo que nadie discute que sea el Estado el emisor único del futuro documento de identidad, igual que sucede con el actual DNI plastificado, pero junto al eDNI que viene acampa el negocio de los millones de firmas electrónicas que habrá que certificar y se dice que, si uno y otra van de la mano, ese negocio podría ser para el Estado.
Aunque el eDNI lo expedirá el Ministerio del Interior la certificación de la firma digital adjunta ni la hace el ministerio ni tiene por qué hacerla obligatoriamente un organismo público, pero si por decreto se incorporara al eDNI una firma electrónica certificada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se podría crear un monopolio de hecho en ese mercado, ya que pocos serían los que acudiesen a contratarla con otra autoridad certificadora si ya la tienen en el chip de su futura tarjeta de identidad.
Se teme que la Ley de Firma Electrónica contribuya a crear ese monopolio, no explícito, del que se beneficie un organismo público como es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y por eso se ha pedido que el futuro eDNI no incluya la firma electrónica de documentos. Una propuesta que es un nuevo atentado contra la incorporación de España a la sociedad de la información, un error que pagaríamos caro.
Lo lógico es que el eDNI incorpore la firma electrónica, pero que no esté monopolizada por la FNMT. El modelo sería el de la libre prestación de servicios, en libre competencia, de modo que cualquier certificador pudiese incorporar sus firmas al eDNI, sobre la base de la neutralidad tecnológica y siempre que cumpla los estándares que garantizan la interoperabilidad. El propietario del documento ya decidirá si su firma se lo certifica el Gobierno vasco o su colegio profesional.
Habría competencia y con suerte precios más baratos, aunque en la etapa inicial, en la que muchos ciudadanos no utilizarían la firma electrónica del eDNI, sí que habría que pensar que parte de la factura puede pagarse con presupuestos públicos, como una aportación al desarrollo de la sociedad de la información.
Muchos españoles no tienen ni los conocimientos técnicos ni la infraestructura necesaria para el uso de la firma electrónica y se necesita, por tanto, un esfuerzo para conseguir una rápida alfabetización digital o para que se incorporen los lectores de firma a los teclados de los ordenadores. Esa es la tarea prioritaria, pero el plazo de implantación puede ser largo y hay que acortarlo con la ayuda del recientemente aprobado plan españa.es.
Impedir que el eDNI incorpore la firma electrónica sería perder una magnífica oportunidad, sería como colocar irresponsablemente bastones en las ruedas de la sociedad de la información. Respetando todos los derechos, políticos y comerciales, en el otoño de 2004 el eDNI con la firma electrónica incorporada en su chip debe ser una realidad.