El PP intenta frenar el control del Gobierno vasco sobre las cajas

El Partido Popular quiere aprovechar la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del Estado, que el viernes pasó ya por Consejo de Ministros, para introducir algunas normativas sobre cajas de ahorros.

De hecho, el PP ha encontrado en esta ley la vía más rápida para actuar contra la Ley de Cajas vasca aprobada por el Parlamento de Vitoria el 7 de mayo.

La normativa vasca, además, se encuentra recurrida por populares y socialistas ante el Tribunal Constitucional. Los dos recursos fueron admitidos a trámite el pasado miércoles. En ellos se argumenta que la ley vasca 'atenta' contra la democratización de las cajas vascas, lo que va en contra del interés de los ciudadanos de Euskadi, de acuerdo a estos planteamientos. Las demandas también especifican que esta ley nace con la intención de 'controlar' la gestión de las tres cajas existentes en el País Vasco (BBK, Kutxa y Vital).

Para poder obligar al Gobierno vasco a modificar la norma vasca de cajas, el PP ha optado por cambiar ciertos artículos de la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre ârganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca). Para ello introducirá una enmienda en la Ley de Acompañamiento elaborada en principio sólo por los populares, aunque es muy posible que cuente con el apoyo del PSOE.

Esta enmienda recogerá la obligación de elegir en la asamblea de las cajas a representantes de los impositores (clientes) y de las corporaciones locales de aquellas localidades de fuera de la comunidad autónoma originaria de la entidad donde tenga sucursales.

Hasta ahora todas las cajas de ahorros cumplen este principio de carácter general. Y el número de estos consejeros generales está en función del volumen de los depósitos que obtienen fuera de su región.

Sólo la nueva Ley de Cajas de ahorros vasca impide el acceso a las asambleas y consejos de administración en igualdad de condiciones a clientes y ayuntamientos de fuera del País Vasco donde la BBK, Kutxa y Vital tienen presencia. Por ello, la representación de los impositores y corporaciones locales foráneos queda reducida a lo mínimo. Además supone una clara desventaja frente a la representación de otras cajas de ahorros que operan en la comunidad autónoma vasca.

Esta imposibilidad de acceder a los órganos de control de las tres cajas es considerado por el PP como una infracción a los principios constitucionales. De hecho, la enmienda que está elaborando el PP -y para la que no ha sido consultado ni el resto de las cajas españolas ni la CECA- cuenta con el apoyo de un análisis jurídico, en el que se mantiene que la norma vasca vulnera 'el principio democrático y el de representación efectiva de todos los intereses de las zonas en las que opere la caja, que constituyen los principios rectores de la legislación básica estatal en materia de cajas de ahorros'.

Fuentes del PP aseguran que el texto busca evitar 'una discriminación entre las leyes de cajas porque la norma vasca discrimina en virtud de unos conceptos geográficos'. Las mismas fuentes aseguran que hay de plazo hasta noviembre para perfilar el texto final de la enmienda, ya que será en esas fechas cuando la Ley de Acompañamiento pase por trámite parlamentario.