El Supremo recomienda que no se indulte a 'los Albertos'
El Tribunal Supremo se muestra contrario a la petición de indulto solicitada por Alberto Cortina y Alberto Alcocer el pasado 25 de marzo, tras la sentencia que les condenó a tres años y cuatro meses de cárcel por el caso Urbanor. En un informe enviado ayer al Ministerio de Justicia, el Supremo estima que no existen 'razones de equidad o utilidad pública' para indultarlos.
El informe del Tribunal Supremo, preceptivo pero no vinculante, fue enviado ayer al Ministerio de Justicia, y en él los magistrados se muestran contrarios a la concesión del indulto solicitado al Gobierno por los financieros el pasado 25 de marzo.
El tribunal, formado por los magistrados Carlos Granados, José Jiménez Villarejo, Joaquín Giménez, Julián Sánchez Melgar y José Ramón Soriano, estima que 'atendida la naturaleza de los hechos, no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen la concesión del indulto total que se pretende'.
La Sala Segunda del Supremo argumenta que 'ha de tenerse en cuenta que las penas impuestas lo han sido con arreglo al Código anterior a 1973, porque se ha considerado indudablemente más beneficioso que el vigente'.
A pesar de que no hay plazos para el indulto, es probable que el Gobierno se pronuncie antes de seis meses
En todo caso, según el informe de los magistrados, 'la Sala sentenciadora ya ha ponderado para fijar el quantum de las penas el tiempo transcurrido desde que se cometió el hecho delictivo'. La presunta prescripción de los hechos es el principal argumento de la defensa de los empresarios, que ahora ha sido desmontada en parte por el Supremo.
El informe del tribunal suscribe íntegramente la tesis sostenida por la Fiscalía de Madrid, que el pasado 29 de julio remitió al Ministerio de Justicia su correspondiente escrito en el que informaba desfavorablemente sobre la concesión de la medida de gracia a los Albertos.
Tras los dos informes preceptivos, la última palabra la tiene el Gobierno. El Ministerio de Justicia enviará su propuesta al Consejo de Ministros, que es quien, en última instancia, decidirá si concede o no el indulto a los financieros. El ministro de Justicia, José María Michavila, manifestó ayer que ejercerá 'con seriedad' su cargo y estudiará los informes del Supremo y del fiscal.
A pesar de que la ley no prevé plazos para decidir sobre la medida de gracia, fuentes judiciales estiman que es muy probable que el Gobierno decida en menos de seis meses sobre este asunto, dada la repercusión social del caso y la relevancia de los acusados.
Los primos tienen otro posible atajo para evitar la prisión. Paralelamente a la tramitación del indulto, Cortina y Alcocer se encuentran a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional, donde ambos presentaron un recurso de amparo admitido a trámite en el mes de julio.
El Constitucional decidió suspender provisionalmente el ingreso en prisión de los Albertos hasta resolver su recurso, así que, aunque el Gobierno decida no conceder el indulto, los financieros evitarán la prisión un tiempo más.
El vía crucis judicial de los dos primos comenzó hace 15 años en la Fiscalía de Madrid. Tras una larga investigación, la Audiencia provincial estimó que, aunque estaba probada la estafa de 25 millones de euros a los accionistas de Urbanor en la venta de unos terrenos en la plaza de Castilla de Madrid, los hechos habían prescrito.
La acusación particular y la fiscalía recurrieron el fallo ante el Tribunal Supremo, que el 14 de marzo emitió una sentencia condenatoria a tres años y cuatro meses de prisión por estafa y falsedad en documento mercantil. La primera consecuencia fue la salida fulminante de los dos primos de la presidencia del Banco Zaragozano, que ejercían desde 1997.
Posibles resoluciones del caso
Medida de gracia parcial que reduzca la penaEl indulto que concede el Gobierno puede ser total (remisión de todas las penas a que hubiera sido condenado el reo y que aún no hubiera cumplido) o parcial (conmutación de algunas de las penas impuestas por otras menos graves). En el caso de los Albertos, y teniendo en cuenta los informes desfavorables del Supremo y de la fiscalía, el Consejo de Ministros podría decantarse, según fuentes judiciales, por el indulto parcial. Por ejemplo, rebajando hasta dos años la pena impuesta, con lo que los primos casi no pisarían la cárcel. Una solución que nadie descarta y que evita que el Gobierno se signifique en exceso en un caso tan polémico. Pago íntegro de la indemnización a los perjudicadosLa sentencia del Supremo que condenó a los ex financieros a tres años y cuatro meses de prisión les condenaba además a pagar a los accionistas minoritarios de Urbanor unos 49 millones de euros (incluidos los intereses legales). Una de las razones que podría esgrimir el Gobierno para acceder al indulto es que los Albertos ya han hecho frente a su responsabilidad civil. Sin embargo, ayer varias de las compañías perjudicadas denunciaron que los condenados sólo han abonado la mitad de la indemnización (unos 24 millones de euros), y criticaron la decisión de los Albertos de pedir a la Audiencia Provincial de Madrid la paralización de los pagos.El Gobierno deniega entre 50 y 100 indultos a la semanaCada viernes, el Consejo de Ministros concede entre seis y diez indultos (unos 400 al año). Pero se deniegan muchos más, entre 50 y 100 a la semana (4.000 cada año, aproximadamente), según fuentes del Ministerio de Justicia. El tiempo de tramitación es variable. Algunos suelen durar un año o más (como el del general Galindo, solicitado el año pasado), y otros se solucionan en unos meses (el de Javier Gómez de Liaño, en 6 meses).Pese a que el indulto no se tiene que justificar, el Gobierno se verá en aprietos para explicar a la opinión pública una posible medida de gracia a los Albertos si finalmente se decanta por este extremo.