Sobre el Pacto de Estabilidad
José Borrell Fontelles subraya la poca eficacia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE cuando sus principales protagonistas no lo respetan. El autor destaca los defectos que lo convierten en un pacto contra el crecimiento
Francia y Alemania han reconocido que su déficit presupuestario rondará el 4% este año. La OCDE ha reducido al 0,5% la previsión de crecimiento en la eurozona. Rebajar, en un solo año, el déficit público de un país en un punto de su PIB es muy difícil, sobre todo si andan por medio promesas de rebajas fiscales y aumento de las inversiones o del gasto social. Por ello, es muy dudoso que en 2004 vuelvan a la disciplina del 3% exigido por el Pacto de Estabilidad... y de Crecimiento (PEC).
Serían ya tres años consecutivos en los que dos países que representan el 50% del PIB de la eurozona incumplen un pacto cuyo guardián, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, calificó de 'estúpido' y del que se pide una aplicación 'inteligente'. Así pues, el debate sobre el PEC esta servido para este otoño, en periodo difícil de crecimiento débil y repunte del paro en Europa y a las puertas de la próxima Conferencia Intergubernamental.
En lo más inmediato veremos si la Comisión puede aplicar las sanciones previstas. En su momento no pudo dirigir a Alemania las advertencias que requerían la evolución de sus finanzas públicas. Ahora, si Francia anuncia un déficit que rebasa el 3% para 2004, tendrá que pedir al Ecofin que la sancione con una multa del 0,2% de su PIB, lo que no parece la mejor manera de reducir su déficit.
Es necesaria una confianza renovada que impida a los países mentir a la Comisión y a sus ciudadanos sobre el estado de sus cuentas públicas
Hasta 2006 esta sanción se limitaría a su coste financiero y para que llegase a convertirse en multa, tendrían que mediar muchos trámites. Pero, en realidad, esas sanciones fueron establecidas pensando más en su carácter disuasivo que en tener que aplicarlas, y menos aún a Alemania, y lo que ahora ocurre demuestra que el euro necesita una política preventiva más que sanciones a posteriori. Y, sobre todo, una confianza renovada entre los países de la eurozona, basada en un sistema que no les induzca, al tiempo que les permite, mentir sistemáticamente tanto a la Comisión como a sus ciudadanos sobre el estado de sus cuentas públicas.
Una posible reforma del PEC debería empezar analizando sus defectos o las razones por las que no se adapta a una evolución de las economías europeas que no era la prevista cuando se aprobó.
Señalemos cuatro de esos defectos:
En primer lugar, su falta de credibilidad, evidente cuando sus principales protagonistas no lo respetan. Es lógico que los países que lo cumplen, entre ellos España, expresen su descontento porque los que impusieron la disciplina no la cumplan. Pero una regla que genera costes muy elevados a un gran país, como Alemania, en plena recesión y coincidiendo con un periodo electoral, tiene muchas posibilidades de no cumplirse. En todo caso el incumplimiento es un hecho y no se resolverá aplicando sanciones.
En segundo lugar, el pacto contiene incitaciones poco eficientes porque inducen actuaciones pro cíclicas en las dos fases del ciclo. Impone políticas restrictivas en momentos de debilidad coyuntural y ninguna restricción cuando la coyuntura es alta.
En tercer lugar, el PEC no garantiza en modo alguno la sostenibilidad de la deuda publica, que es el criterio estructural relevante. El límite de la ratio deuda pública/PIB se puede fijar en función de muchos criterios, entre ellos el envejecimiento de la población y la acumulación de capital público, pero un simple límite en el déficit anual no garantiza su reducción.
Y, lo que es mas grave, el pacto se basa en la hipótesis implícita de que las políticas presupuestarias nacionales no tienen efecto sobre la senda de crecimiento potencial de sus economías. Es el típico paradigma neoliberal que contradice la teoría del crecimiento elaborada en los últimos 20 años.
En la práctica, las partidas presupuestarias que más incidencia tienen sobre ese potencial, como infraestructuras de transporte e I+D, son las que más fácilmente se reducen para cumplir un objetivo de déficit.
De lo último da fe mi doble experiencia como secretario de Estado de Hacienda y ministro de Obras Públicas. Los debates en el seno de la Convención pueden aportar alguna luz sobre posibles modificaciones del pacto, bien necesarias si no queremos que se convierta en un Pacto de Estabilidad y contra el crecimiento. De ellas hablaremos otro día.