El fin de la basura electrónica
En 2005 entrará en vigor una directiva que obligará a los fabricantes a reciclar los aparatos electrónicos. Las patronales cifran entre un 2% y un 9% el encarecimiento de los artículos
En España se puede reciclar la basura, el vidrio, el plástico, el papel e incluso las baterías de los móviles de forma racional, siguiendo los pasos establecidos dentro de los sistemas que van poniendo en marcha las distintas Administraciones. Sin embargo, una serie de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo masivo (móviles, televisores, vídeos, lavadoras, frigoríficos...) se recicla o desecha de forma incontrolada, sin tener en cuenta el daño medioambiental que produce. Suelen acabar en una cuneta, un contenedor de obras o un improvisado vertedero.
Esta costumbre tan española tiene los días contados con la directiva europea que regulará el reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos. La reglamentación comunitaria tendrá que estar transpuesta a la legislación española, en forma de real decreto, antes del 13 de a gosto de 2004 y entrará en vigor en la misma fecha de 2005 en todos los países de la Unión Europea. Hasta el momento, sólo algún país comunitario como Portugal tiene ley, mientras que otros como Noruega, Bélgica y Suiza tan sólo disponen de sistemas integrales de recogida. La nueva directiva regulará el desguace de equipos eléctricos y electrónicos y fijará las obligaciones de los fabricantes sobre los residuos que se generen desde sus industrias.
De momento hay pocas experiencias de recogida y reciclaje de este tipo de residuos en España. Tan sólo una de móviles y dos en reprografía, a las que se sumará este mes una cuarta que pondrá en marcha la patronal Aniel. Y ello, a pesar del gran volumen de residuos que generan estas industrias en España (en 2002 se vendieron más de 11 millones de móviles o un millón de impresoras). Además todavía no está muy claro quién y en qué proporción tendrá que asumir el coste de recoger, eliminar y reciclar estos residuos. En opinión de los fabricantes, este dinero tendrá que ser asumido en gran parte por ellos mismos por lo que aseguran que será trasladado al precio final, es decir, al consumidor.
La directiva prevé que se recicle el 80% de los aparatos que se vendan en 2006 para llegar a 4 kilos recogidos por persona y año
'Es un problema difícil que hay que tratar con mucho cuidado', señala Edmundo Fernández, vicepresidente de Aniel. 'Las primeras estimaciones apuntan a que el precio de los productos puede subir tras la aplicación de la directiva entre un 2% y un 9%. No es una tarea fácil hacer comprender al consumidor que el precio de un televisor que cuesta 240 euros va a subir 30 a partir de 2005', declara el directivo de la patronal. De las negociaciones que está manteniendo el Ministerio de Medio Ambiente, a través de una comisión de expertos, con las asociaciones de fabricantes implicadas (Asimelec, Aniel, Fape, Sedisi, Anfel y Anfalum) han salido antes de este verano un par de borradores de real decreto. La industria espera que el tercer borrador estará listo para finales de 2003 y al no tener que pasar por el trámite parlamentario prevé que no se agoten los 18 meses previstos por la Comisión Europea para la transposición de directivas.
Durante las conversaciones con el Gobierno, la industria ha centrado en cuatro puntos sus preocupaciones por las futuras repercusiones de la nueva directiva: la externalización del coste, la distribución de las responsabilidades financieras, la armonización legal para todas las comunidades autónomas y la creación de sistemas de control e inspección eficaces. Sobre la externalización del coste (en definitiva, quién debe pagar el reciclaje), la directiva comunitaria ofrece al productor la posibilidad de detallar en la factura el dinero que supone la gestión y reciclaje exclusivamente de los residuos históricos (aquellos procedentes de productos comercializados con anterioridad a 2005) durante ocho años para productos electrónicos y diez años para los eléctricos. Los fabricantes están en contra de esta fórmula y apuestan porque el coste de gestión pueda figurar, sin límite de tiempo, en la factura de todos los aparatos .
Los dos grandes objetivos de la directiva son alcanzar en 2006 los cuatros kilos de residuos recogidos por persona y año y que los fabricantes sean capaces de recuperar entre el 50% y el 80% de los productos que fabriquen. Sin embargo, la industria española está más preocupada por otros detalles como la transparencia de la normativa.
Así, Carlos Díez, director de logística de Canon, asegura que la apuesta por la transparencia deber ser impuesta como una exigencia, ya que el importe a pagar por cada fabricante quedará establecido por la cuota de mercado en España. 'Nuestro objetivo es ser lo más transparentes posibles y que el gasto en gestión de residuos repercuta en factura y se haga de forma clara. Lo que parece evidente, como ya ocurrió con la iniciativa de los puntos verdes, es que si los fabricantes no traspasamos el coste a la cadena de distribución, no vamos a ser capaces de financiar esa tarea'. Edmundo Fernández, de Aniel, apunta que el coste de la recogida y reciclaje va a ir siempre en la cadena de valor, aunque concluye que si éste se detalla en factura, el precio final del producto será menor que si se hace en el proceso de distribución. 'Si se externaliza el coste, el distribuidor lo va a cargar sobre el precio de la cesión al fabricante y no sobre el precio total, con lo que el consumidor va a pagar menos, lo justo por la recogida'.
Logística inversa y transporte
Otro de los puntos calientes de la negociación es saber cómo, quién y en qué proporción va a asumir el coste de recoger, tratar y reciclar estos residuos, ya que la directiva europea no lo establece de forma clara. El programa estará dividido en cuatro etapas: recogida de los residuos en puntos limpios, traslado a puntos de almacenaje, traslado a las plantas de reciclaje y separación de residuos.
Los directivos consultados abogan por que sean las comunidades autónomas, muchas de ellas ya tienen competencia en este campo, las que asuman el coste de recoger y depositar los residuos en los puntos limpios, mientras que el almacenamiento, tratamiento y posterior reciclaje de los aparatos sería costeado por los propios productores. 'De lo contrario', aseguran, 'se produciría un coste mayor que repercutiría en los precios finales, un agravio comparativo frente a la normativa de otros países europeos y una influencia negativa sobre el empleo y la productividad'. Los fabricantes asumirían fundamentalmente la logística inversa (del punto de recogida a la planta de tratamiento y a la inversa) y el transporte de estos residuos.
Entre los comentarios al último borrador de real decreto, la industria considera muy importante que todas las normas que se deriven de esta ley estén armonizadas en las diferentes autonomías; si no es así, advierten de que se podría caer en una dispersión que en nada favorecería el cumplimiento de la ley y la protección del medio ambiente.
Silvia Guzmán, gerente de Medio Ambiente de Telefónica Móviles, asegura que lo más conveniente sería que sólo hubiera un sistema de gestión medioambiental para todo el territorio español, con el fin de que fuera realmente eficaz. En este sentido, José Pérez, de Asimelec, asegura que España sigue siendo un país con poca conciencia medioambiental y que aún debe producirse un salto generacional para que se empiece a reciclar. 'Lo que no estorba no se recicla, por eso es importante aumentar las campañas de comunicación y agudizar la imaginación'. Así pone como ejemplo campañas escolares puestas en marcha en la Junta de Andalucía premiando a los niños que más reciclen.
Una de las peticiones expresas de la industria es la creación de un registro nacional de productores, en paralelo a la directiva europea, que sirva como elemento de garantía para el cumplimiento del decreto, de tal manera que 'el productor o distribuidor que ponga en el mercado o venda aparatos sin estar inscrito se encontrará fuera de la legalidad'. Según los fabricantes, el registro debería ser gestionado por la Administración, por su propia naturaleza y la confidencialidad que exigen los datos, y la transposición debería fijar una obligación para los vendedores al público (tiendas o minoristas) para adquirir los productos exclusivamente a aquellos fabricantes que estén registrados.
Edmundo Fernández, de Aniel, señala que este registro 'servirá para atajar el fraude y acabar con los importadores paralelos ilegales y otros mutantes que no cumplen ninguno de los parámetros de seguridad y cuya operativa consiste en una venta muy grande y desaparecer al día siguiente'. Desde Asimelec proponen un supuesto, para ejemplificar dicha situación: si hay 25 importadores paralelos trayendo pilas de distintas marcas desde China, ¿qué ocurrirá cuando se acabe el ciclo de vida de las pilas?, ¿se buscará a los fabricantes para que se hagan cargo del reciclaje?, y si no los encuentran, ¿quién se responsabilizará de financiar su retirada y su reciclaje? 'Si no se aprueba este registro, van a acabar pagando justos por pecadores'.
Demandada la Ley de Residuos de Madrid
A pesar de que no ha construido aún ninguna planta para reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, Madrid ha creado cierta inquietud entre los fabricantes con la nueva Ley de Residuos, aprobada el 20 de marzo de 2003. Según la industria, esta ley es un ataque frontal contra la libre competencia al establecer la obligatoriedad de que todos los residuos que se generen en Madrid sean tratados y eliminados en la propia Comunidad.El conflicto surge en el punto 5 del artículo 25, donde se fijan las obligaciones del productor y poseedor: 'La valorización de los residuos generados en la Comunidad de Madrid se llevará a cabo en la propia comunidad autónoma, salvo que se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los planes autonómicos de residuos o que no existan instalaciones autorizadas para su tratamiento'.Para José Pérez, de Asimelec, 'esta ley vulnera todos los principios de libre competencia y es parecida a alguna aprobada en Suiza para el reciclaje de pilas, que se dejó en manos de un solo operador, con lo que se creó un monopolio que no deja margen para negociar precios'.Edmundo Fernández, de Aniel, avanza que ya han presentado una demanda ante Bruselas, 'porque no se pueden crear leyes regionales, en las que el precio del reciclaje se imponga o sea diferente en cada autonomía'. Carlos Díez, de Canon, señala que esta ley va en contra del objetivo de la industria, 'aminorar los costes del reciclaje'.
Puntoe, residuos desde Sevilla a Vizcaya
Puntoe es una unión temporal de empresas impulsada por la Junta de Andalucía con dos líneas de trabajo: doméstica, para la que se han instalado 14 cubas de 20 metros cúbicos en toda la comunidad, y otra industrial, mediante convenios con grandes empresas que generen muchos residuos, como hospitales u oficinas.En los diez meses de vida se han recogido 185 toneladas de residuos y se espera cerrar el ejercicio con más de 500 toneladas.Leonardo Díaz, gerente de la UTE, explica que los monitores de televisión se tratan en un centro en Dos Hermanas (Sevilla), mientras que el resto de residuos (fotocopiadoras y electrodomésticos) se lleva directamente a Erandio, aunque antes se les elimina los residuos peligrosos.
Copiadoras y faxes de Málaga y A Coruña
Ecofimática, asociación liderada por Asimelec y cuyos estatutos se firmaron el 13 de febrero de 2002, eligió A Coruña y Málaga como destinos para hacer una prueba piloto de recogida de aparatos de ofimática, sobre todo copiadoras y faxes.José Pérez, secretario general de Asimelec, señala que la elección no fue al azar, ya que se tuvo en cuenta la presencia de marca, el nivel de compra, demografía, orografía...'Hemos recogido 100 toneladas y estamos a la espera de las conclusiones para ver si la logística inversa funciona bien, si los costes de transporte o de separación de materiales coincide con lo estimado. Lo que no hemos hecho hasta ahora era reciclar el tóner, que se empezará a hacer este mes'.
Tragamóvil, 100 toneladas en baterías
El sistema de recogida y reciclaje de residuos más antiguo de España es el proyecto Tragamóvil, liderado por Asimelec. Este programa, que comenzó a retirar a finales de 2000 baterías de móviles en Madrid y pocos meses después amplió su actividad a todo el territorio español, ya ha conseguido recoger más de 100 toneladas de residuos. Obtuvo el pasado año una subvención de más de un millón de euros por parte de la Unión Europea para la creación de un modelo piloto de recogida y reciclaje respetuoso con el medio ambiente y exportable a otros países.Asimismo ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con un autobús que visitará a un gran número de escolares por toda España.