De baja laboral por la crisis
El gasto en prestaciones por incapacidad temporal (IT) ha crecido en los primeros meses de 2003 casi un 25%, tras haberlo hecho casi un 14% en el ejercicio anterior. No son cifras normales, salvo para una economía circunstancialmente asolada por una oleada de enfermedades o una siniestralidad fuera de lo común. Son menos normales si las comparamos con las de los últimos años de la década pasada, en los que incluso se registraban descensos en el gasto por este tipo de contingencias.
La explicación de estos incrementos puede estar, en primer lugar, en un descenso de la intensidad fiscalizadora por parte de la Seguridad Social, a juzgar por los datos del primer semestre del ejercicio, o por el traspaso pleno de la competencia sanitaria a las comunidades autónomas, que tienen la última palabra en las revisiones de las incapacidades, mientras que quien aporta los recursos es la caja única de la Seguridad Social. Lógicamente, el celo fiscalizador es menor si el peso del gasto lo soporta otro.
Pero este incremento de gasto puede también estar (tradicionalmente está de hecho) en un recurso muy utilizado por algunas empresas, en convivencia con algunos trabajadores o algunos comités de empresa, de ajustar parcialmente sus plantillas en periodos de estancamiento o crisis económica por la vía de la incapacidad. Es la fórmula más barata de ajuste, sin necesidad siquiera de elaborar y justificar expedientes de regulación, pese a que en los últimos años se han puesto determinados cepos legales para evitar estas situaciones.