Brasil baja los tipos 1,5 puntos, hasta el 24,5%, para reactivar el crecimiento
La entidad que preside Henrique Meirelles justificó la bajada de tipos con el argumento de que la evolución de los precios indica que es posible cumplir con las metas de inflación, fijadas en el 8,5% para este año y en el 5,5% para 2004.
'Las previsiones de inflación continúan indicando una convergencia hacia los objetivos establecidos', explicó el banco en un comunicado emitido tras el anuncio. El principal reto que se marcó la institución al inicio del año fue el de frenar la carrera inflacionista, que en 2002 registró la cifra récord en siete años del 12,53%.
Los peligros de un fuerte ritmo inflacionario no sólo se han disipado, sino que incluso el IPC registró en junio una variación negativa del 0,15%.
El Comité de Política Monetaria del Banco (Copom) decidió, además, mantener una 'tendencia neutral' para las tasas de interés. Eso significa que el banco no podrá modificar los tipos sin convocar una reunión extraordinaria antes de su nuevo encuentro, programado para los días 19 y 20 de agosto.
La legislatura de Luiz Inácio Lula da Silva se inició con dos subidas consecutivas que llevaron los tipos del 25% al 26,5%, todo un mensaje a los mercados internacionales como prueba de la seriedad del nuevo equipo económico. Con las nuevas reducciones, se cumplen las exigencias del parte del Gobierno, encabezada por el vicepresidente José Alençar, que había reclamado a la autoridad central que bajara los tipos para frenar el creciente desempleo y persuadir a las compañías de que reaviven sus planes de inversión.
Sube el índice de paro
El Gobierno de Lula recibió ayer una mala noticia en materia de empleo. La tasa de paro aumentó en junio por sexto mes consecutivo hasta llegar al 13%, lo que representa el nivel más alto en 20 meses. De acuerdo con los datos de Estadística, el paro afecta en las seis ciudades más importantes del país a un total de 2.735.000 personas.
La debilidad del mercado laboral es el principal borrón en los primeros meses del Gobierno de Lula. Desde que el ex sindicalista asumió la presidencia, en enero pasado, cerca de 443.000 personas han perdido sus empleos.
En el frente político, las noticias no son mejores. Los avances logrados con el acuerdo entre los gobernadores y el Ejecutivo sobre las reformas de seguridad social y tributaria parecen esfumarse.
Los sindicatos de los funcionarios públicos tienen convocada una huelga general contra el proyecto de ley que elimina su actual derecho a recibir el sueldo íntegro como pensión. Los jueces han anunciado que se sumarán al paro a partir del 1 de agosto, lo que ha llevado a varios sectores del Partido de los Trabajadores (PT) a negociar cambios con el Gobierno en la propuesta.
Por su parte, los gobernadores exigen al Ejecutivo cambios sustanciales en la reforma del sistema fiscal, pues, argumentan, no cubre sus necesidades de financiación. Sin estos cambios estructurales, la situación financiera y fiscal del país peligra.