Los empresarios de Brasil se manifiestan contra la reforma fiscal
En sus primeros seis meses de Gobierno, Lula ha logrado aventar los serios riesgos de un colapso financiero y ha estabilizado las principales variables macroeconómicas. Pero el coste político de esta normalización de la economía parece ser bastante elevado.
Ayer, una inédita marcha callejera convocada por las principales organizaciones empresariales llegó hasta las puertas del Palacio del Planalto, sede de la presidencia de Brasil, para protestar contra el proyecto de reforma fiscal, una de las principales iniciativas del Gobierno.
'Estamos pagando la mayor cantidad de impuestos de la historia', sostuvo Domingos Rigoni, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria del Mueble, una organización que reúne a 13.500 industriales y que la forma parte de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que convocó la manifestación.
'Vamos a hacer un acto público para hacer visibles nuestras reivindicaciones. Estamos a favor de la reforma, que consideramos fundamental para el equilibrio fiscal, pero estamos preocupados con la propuesta' elevada por el Ejecutivo al Congreso, advirtió el presidente de la CNI, Armando Monteiro Neto. La principal preocupación empresarial es que los cambios provoquen un alza de la carga tributaria.
Las organizaciones que realizaron la protesta de ayer, entre las que se encuentra la poderosa Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), hicieron entrega de un documento a los presidentes de las dos Cámaras del Congreso en el que se afirma que el proyecto oficial abre el camino para que la carga de impuestos pase del 36% al 40% del PIB. El peso de los tributos en Brasil está por encima de los de Estados Unidos (30%) o de otros países de América Latina como México (15%) o Chile (12%). Sin embargo, es menor al de Alemania y Francia, países donde se supera el 40%.
Lula, que se ha comprometido a aprobar esta reforma y la de las pensiones para equilibrar las cuentas fiscales, pidió ayer al Congreso que trabaje a buen ritmo 'en julio' para que ambos proyectos sean realidad a finales de este año. Pero la oposición de los sindicatos al cambio en las pensiones públicas y de los empresarios a la reforma de los impuestos amenaza con dificultar los planes gubernamentales. Percibiendo este clima negativo, el Gobierno ha propuesto a las organizaciones empresariales firmar un acuerdo en el cual el Estado se compromete a introducir correcciones en la ley que impidan que la carga tributaria se incremente.
Pero los empresarios quieren que se haga caso a las peticiones contenidas en el documento entregado ayer. Y también que la política económica oficial tome un mayor sesgo productivo, en detrimento de la orientación excesivamente financiera que le achacan al ministro de Hacienda, Antonio Palocci.
Mientras tanto, el Partido de los Trabajadores (PT) en el poder parece decidido a avanzar en expulsiones del sector más radicalizado del partido, para frenar las críticas de izquierda y sindicales a la reforma de las pensiones. Lula ha ingresado en un periodo de definiciones y de serias dificultades.