Indultos y otros atajos legales

Los Albertos están un poco más lejos de pisar la cárcel. De forma sorprendente, el Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso de amparo con el que los dos financieros buscan revertir el fallo del Tribunal Supremo, que les condenó en marzo a tres años y cuatro meses por estafa en el caso Urbanor. De forma sorprendente, porque la estadística muestra que sólo el 5% de los miles de recursos que recibe el alto tribunal son admitidos. Así que ambos cuentan ahora con otra tabla de salvación, además de la petición de indulto al Gobierno, que suspendió de forma temporal su ingreso en prisión. Ambos procedimientos corren por separado. Es decir, el Ejecutivo puede indultarles en cualquier momento, sin aguardar el fallo definitivo, que puede tardar un año. No debería hacerlo.

Tras la sentencia del Supremo, el principal argumento para el indulto consiste en que los ex banqueros ya han indemnizado con 24,5 millones de euros a los accionistas minoritarios de Urbanor, que iniciaron el pleito hace 15 años. Es una buena razón. Pero insuficiente. Simplemente restituir lo sustraído, sin consecuencias penales, en contra de la opinión del Supremo, equivale a estimular este tipo de delitos. El Gobierno puede tener la tentación de zanjar el asunto antes de que el Constitucional se pronuncie. Lo que a su vez, técnicamente, podría llevar al alto tribunal a no emitir opinión. Lo razonable, sin embargo, es esperar el fallo final y no tomar atajos de dudoso encaje ético.