La UE congela las normas contables más polémicas
La Unión Europea ha decidido dejar en suspenso la tramitación de las dos normas contables (IAS 32 y 39) que inquietaban al sector financiero. La presión de bancos y aseguradoras, con la inesperada ayuda de Jacques Chirac, ha dejado en cuarentena las normas que podían trastocar drásticamente a partir de 2005 las cuentas de resultados de las compañías europeas.
Los ministros de Economía de la Unión Europea decidirán el martes posponer indefinidamente la incorporación al derecho comunitario de dos normas que obligan a contabilizar activos y pasivos a su valor real en el mercado. Fuentes comunitarias confirmaron ayer que las representaciones diplomáticas de los Quince cerraron el jueves el acuerdo que los ministros sólo ratificarán.
La decisión se produce tras una larga campaña de la Federación Bancaria Europea y del Comité Europeo de Aseguradoras (CEA) para frenar la adopción de unas normas que, a su juicio, dañarían seriamente la confianza del inversor en el sector financiero.
La demora conseguida podría hacer que las dos nuevas normas no se apliquen al menos hasta 2008. El inesperado apoyo del presidente de la República francesa, Jacques Chirac, ha abierto además el debate sobre la incorporación cuasi automática al derecho comunitario de unas normas elaboradas por un organismo ajeno a la UE como es el International Accounting Standards Board (IASB). Fuentes diplomáticas del Reino Unido ya han indicado que el IASB debe continuar al margen de influencias políticas para que las normas que elabora puedan seguir teniendo vocación universal.
En julio del año pasado, los Quince acordaron que a partir de 2005 todas las empresas cotizadas deberían presentar su contabilidad con arreglo a las normas dictadas por el IASB. Para ello aprobaron un reglamento que prevé la incorporación de las normas al derecho comunitario de modo casi literal tras un proceso de consulta y la pertinente traducción a las 11 lenguas oficiales en la Unión Europea.
Pero Chirac cuestiona el acuerdo en una sorprendente carta dirigida el pasado 4 de julio al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. El presidente francés reclama que 'se apliquen con más rigor las condiciones de transposición de las normas IAS', a fin de 'verificar adecuadamente su compatibilidad (....) con el interés general europeo'. Chirac remata la misiva advirtiendo a Prodi de puño y letra: 'Este asunto es muy importante para la economía europea'.
'Las normas son sin duda necesarias para el mejor funcionamiento del mercado interior', reconoce Chirac, 'pero también deben contribuir a un desarrollo económico equilibrado'. La carta alerta sobre el riesgo de que 'ciertas normas aboquen a una creciente mercantilización de nuestra economía' y fomenten una gestión a corto plazo, 'favoreciendo así una mayor volatilidad de nuestras economías'.
El IASB ya había reconocido la peculiaridad de la actividad aseguradora y eximió los contratos de seguro de la valoración real de mercado hasta que se redacte una norma financiera (IFRS) específica para el sector. Pero el resto de activos y pasivos de las aseguradoras deberían computarse desde el año 2005 con arreglo a la norma IAS 39, es decir, con arreglo a la valoración en el mercado.
La situación parecía especialmente delicada para un sector que dispone de inversiones cercanas a los cinco billones de euros. Una contabilización del valor de mercado de esos activos podía conducir en una crisis bursátil como la actual a una cuenta de resultados alarmante.
'La industria aseguradora ha repetido su preocupación por la volatilidad artificial que puede causar la IAS 39', señala CEA. Los clientes de cualquiera de las 5.000 aseguradoras europeas encajarían muy mal un efecto contable como el que sufrió el año pasado Vodafone. La operadora telefónica presentó las mayores pérdidas de la historia en el Reino Unido tras aplicar una valoración de mercado a sus activos.
Las aseguradoras españolas temen la volatilidad
Las nuevas normas de contabilidad van a dar serios quebraderos de cabeza a las aseguradoras españolas, ya que les obligarán a replantear sus cálculos. Contabilizar sus activos y pasivos a valor de mercado (fair value) va a obligar a replantear todo el complejo sistema de provisiones para hacer frente a pagos futuros, que es la columna vertebral de su actividad, informa Susana R. Arenes.Las aseguradoras temen el efecto de fluctuación y volatilidad sobre sus activos, según fuentes del sector. Las compañías de seguros de vida estarán entre las más afectadas, puesto que les supondrá importantes cambios en la abultada cartera de provisiones matemáticas (ahorro acumulado en las pólizas) y que hasta marzo sumaron nada menos que 104.690 millones. La mayor parte está constantemente invertida, aunque sólo en torno a un 2% en renta variable, un porcentaje ínfimo comparado con la media europea. Pero el restante 98% colocado en renta fija tampoco escapa a una fluctuación, aunque menor, apuntan fuentes del sector.
La banca nacional se queja de la consolidación
La banca española está evaluando los efectos de las nuevas normas de contabilidad. De hecho, el Banco de España ha pedido a estas entidades que con los datos cerrados a junio presenten un balance y cuenta de resultados simulados con las nuevas reglas en octubre. Como en el caso europeo, a todas las entidades financieras españolas les preocupa la posibilidad de que tengan que contabilizar a precios de mercado sus activos, lo que provocará una gran volatilidad de sus resultados. Pero a esta queja se añade una exclusiva de España: las mayores exigencias de consolidación. Frente al procedimiento de apuntarse el beneficio proporcional de una empresa por puesta en equivalencia a partir de controlar el 3% de ellas -posibilidad sólo existente en España-, con las nuevas normas se exigirá poseer más del 20% o ejercer una influencia significativa sobre la compañía. La gran banca está presionando para que el Banco de España mantenga la consolidación a partir del 3% o como máximo en el 5%, si se demuestra esta influencia. El Banco de España cree que debe ser la entidad y el auditor los que estipulen si se ejerce influencia significativa en una empresa.