En defensa de la cohesión
La Comisión Europea dio ayer el pistoletazo de salida para revisar la política de cohesión que ha permitido elevar los niveles de renta de las regiones más pobres de la UE. Los rasgos de la reforma parecen positivos y los legítimos intereses de España no salen mal parados.
Parece haber consenso para mantener una política de solidaridad. Sólo Reino Unido, Austria y Holanda desean una renacionalización casi completa de las ayudas que equivaldría a que cada capital ayude en la medida de sus posibilidades a sus regiones más atrasadas. Es una mala política. Fomentar una cultura del subsidio sin desarrollo es malo. Pero también lo es renunciar a una política que, sólo entre 1995 y 2000, permitió acortar en un punto y medio la diferencia entre la renta de las regiones más pobres de la Unión (entre ellas, nueve comunidades españolas) y la media comunitaria.
Europa necesita más proyectos comunes, no menos. Y con un presupuesto comunitario que no llega al 1,17% del PIB de los Quince no se puede decir que el gasto en cohesión resulte insostenible. Los ministros de Economía y Finanzas deberían por ello suscribir la propuesta de la Comisión para elevar al 0,45% del PIB de la UE el techo del gasto en fondos estructurales. Ello permitiría que varias regiones españolas sigan recibiendo ayuda comunitaria incluso después de que los recursos se concentren principalmente en los países del Este. Después de todo, Extremadura no va a ser más rica el 1 de mayo sólo porque Silesia forme parte de la Unión.