Las regiones controlarán los comités de las cajas
Las comunidades autónomas podrán decidir sobre las reglas de funcionamiento y la composición de las comisiones de inversiones y de retribuciones que están obligadas a constituir las cajas de ahorros para dar respuesta a las nuevas exigencias de transparencia introducidas en la Ley del Mercado de Valores.
La Comisión de Economía, Comercio y Turismo del Senado aprobó ayer el informe de la ponencia e incorporó una enmienda pactada con CiU en la que se da a las comunidades la última palabra en la definición de estos comités específicos.
Así, el nuevo texto señala que tanto el régimen de funcionamiento de la comisión de retribuciones como la de inversiones 'será establecido por la legislación de desarrollo'. Eso incluye tanto el número de miembros que las conforman, como si éstos son o no consejeros. La ley establece que las comisiones estarán formadas por un mínimo de tres miembros, salvo que las comunidades establezcan otro número.
La comisión de retribuciones tendrá la función de informar sobre la política general de retribuciones e incentivos para los cargos del consejo y el personal directivo. La de inversiones la de proponer e informar al consejo sobre las inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe la caja, ya sea directamente o a través de sus participadas, así como sobre su viabilidad financiera y su adecuación a los objetivos fundacionales de la entidad.
El texto aprobado ayer en la Comisión en el Senado amplía, además, el contenido mínimo del informe de gobierno corporativo, donde se incluye la información que anualmente deberán remitir las cajas a la CNMV para cumplir los requisitos de transparencia. Así, además de obligar a estas entidades a desvelar las remuneraciones percibidas por el consejo de administración, éstas tendrán también que informar puntualmente sobre las remuneraciones de los miembros de la Comisión de Control, la Comisión de Retribuciones y la Comisión de Inversiones, computando tanto las dietas como los sueldos que se perciban por el desempeño de sus funciones, planes de pensiones o seguros. Igualmente, las cajas estarán obligadas a informar anualmente sobre las inversiones y su viabilidad.
Con estos cambios se colman, de momento, las aspiraciones de los nacionalistas catalanes. Aunque el grupo catalán puede presentar otras enmiendas en el pleno, fuentes del PP aseguraban ayer que no hay nada nuevo pactado ni se va a ir más lejos en el control que las autonomías podrán ejercer sobre las inversiones de las cajas. No obstante, la ambigua redacción del texto permite que los Gobiernos autonómicos sigan, como hasta ahora, impulsando determinadas inversiones de las cajas de sus territorios.