Los industriales y los sindicatos se resisten a la política de ajuste de Lula
Brasil ha logrado estabilidad en los primeros meses del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El índice de riesgo-país ha descendido desde los 2.000 puntos básicos de septiembre de 2002 a menos de 800. El real se ha recuperado al experimentar una mejora del 20% frente al dólar desde diciembre pasado. Los capitales llegan de nuevo al país, atraídos por los altos rendimientos financieros que ofrecen los tipos de interés del 26,5% fijados por el Banco Central. El Fondo Monetario Internacional (FMI) felicita al país y la banca elogia los progresos realizados en estos meses. Una cara de la moneda.
La otra no es tan prometedora, pues la economía no despega. El crecimiento del PIB ha sido menor al 0,1% en el primer trimestre de este año. La industria retrocedió el 2,2%. Los salarios no aumentan a pesar de que las exportaciones, sobre todo agropecuarias, están en máximos históricos.
Hace apenas 10 días, Lula debió soportar un abucheo considerable en el Congreso de la Central æscaron;nica de Trabajadores (CUT) fundada por él 20 años atrás. Dos días después, su vicepresidente, el poderoso empresario textil José Alencar, se convirtió en un crítico radical.
'Hace falta un movimiento nacional para frenar la mayor transferencia de recursos del sector productivo al sector financiero en toda la historia del país, que es la que está haciendo este Gobierno', dijo. Poco después y tras sufrir críticas de altos cargos del Gobierno como el ministro de la Casa Civil, José Dirceu, el vicepresidente celebró sendas reuniones con Lula y con el ministro de Hacienda, Antonio Palocci.
Dura situación financiera
Alencar se refería en tan duros términos al nivel de los tipos y al superávit fiscal primario del 4,25% del PIB que garantiza los pagos de la deuda pública. En abril, 2.000 millones de dólares se destinaron al pago de intereses. Mientras tanto, la industria soporta un ahogo financiero creciente y la Federación de Industriales del Estado de São Paulo (Fiesp) se rebela contra la política monetaria destinada a dar tranquilidad a los inversores extranjeros.
En los sindicatos y la CUT, el ángulo de crítica es similar, aunque en su caso se añade la oposición a la reforma de las pensiones públicas que propicia el Gobierno. Esa norma, que podría estar aprobada antes de fin de año, introduce una cotización del 11% sobre las pensiones y reduce los ingresos de los futuros jubilados públicos entre el 30% y el 50%.
Una manifestación de 20.000 trabajadores, incluyendo a disidentes de izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, tuvo lugar en Brasilia el pasado jueves. Otros movimientos de protesta están en desarrollo en varios Estados del país, fundamentalmente en Río Grande do Sul.
La política de ajuste ensayada por el Gobierno podría complicarse aún más después de la aparición en escena del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Correa, quien arremetió hace dos semanas contra la reforma de las pensiones.
Tras criticar la iniciativa oficial, Correa pidió a los jueces que elaboren un 'proyecto propio que preserve las conquistas'. El mismo día, el presidente de los abogados de Brasil, Rubens Approbato, simpatizante del PT, fustigó a Lula y le exigió urgentes medidas en el área social y una mejora inmediata en la distribución de la renta.
El viernes, 240 economistas cercanos al PT advirtieron que 'Brasil está siendo llevado a un callejón sin salida'. El parecido de la política de Lula con la del ex presidente Fernando Henrique Cardoso ha comenzado a inquietar seriamente a sus partidarios.