MCI se la juega ante los tribunales
La cita clave para la segunda telefónica de EE UU, Worldcom, ahora MCI, está prevista para hoy en un tribunal de Manhattan, uno de los lugares más comunes para las noticias empresariales últimamente.
El juez Jed Rakoff debe aprobar, o no, un acuerdo extrajudicial que negociaron la SEC y MCI para dar por cerrado un caso de fraude, el mayor de la historia, del que aún no se conocen todos los detalles contables y que se calcula que ronda los 11.000 millones de dólares.
De la aprobación del acuerdo cerrado a finales de mayo dependen en buena medida los siguientes pasos y que a la empresa se le complique la salida de la suspensión de pagos, en la que entró en julio de 2002, el próximo otoño. Su presidente, Michael Capellas, desea que así sea, aunque para entonces no se habrán terminado de reformular las nuevas cuentas tampoco y pedirá que se apruebe el acuerdo con los acreedores con esa gran incógnita que ahora pide aceptar al juez Rakoff.
El acuerdo de empresa y SEC es además sorprendente por otras cuestiones. Primero, porque contempla la mayor compensación que una empresa debe pagar a resultas de un acuerdo con el regulador: 1.500 millones de dólares que han sido rebajados hasta 500 millones. En segundo lugar, porque a pesar de todo lo que se ha ido conociendo del fraude, se repite la fórmula común de estos acuerdos y MCI no admite ni niega el delito. Además, porque por primera vez desde la aprobación de la reciente ley Sarbanes Oxley (para luchar contra el fraude empresarial) se da a los accionistas prioridad para cobrar por delante de los acreedores, la esencia de la suspensión de pagos. La ley permite a la SEC redirigir el dinero del acuerdo a un fondo que financie a los inversores engañados. La SEC dice que se ha firmado un buen acuerdo. Pero no ha encontrado muchos que le den la razón.
Más detalles
El juez Rakoff no las tiene todas consigo y ya ha dicho que no es partidario de firmarlo hasta que no conozca más detalles del fraude. El lunes por la tarde se dieron a conocer dos informes sobre la gestión de la empresa en la que se hablaba de una profunda cultura del fraude y se denunciaba la pasividad del consejo, algo que será de gran ayuda para el juez.
Por otro lado, Rakoff ha estado oyendo a una legión de descontentos. A los acreedores, que creen que se acaba con las prioridades de la ley de bancarrotas y aducen que ellos también fueron engañados. A los inversores, que creen que la compensación es insuficiente cuando han perdido 180.000 millones. El juez también ha oído a la Asociación de Trabajadores de Comunicaciones de América, a representantes del Instituto de Empresa Americana y hasta la Iglesia Unida de Cristo.
Los competidores AT&T y Verizon han puesto el grito en el cielo porque dicen que la compensación no guarda relación con el delito y es el primer paso para que la empresa salga de la mayor suspensión de pagos con unos 5.000 millones de deuda cuando tenía 41.000 millones. Verizon tiene 54.000 millones en su pasivo y AT&T, unos 18.000.
AT&T no quiere que se permita que Worldcom salga de la suspensión hasta que no se conozcan todos los extremos de su fraude, algo que no podría pasar, según Capellas, hasta finales del primer trimestre de 2004. Desde esta operadora se ha criticado que el esquema de gasto de la compañía de Ebbers sea una de las culpables del exceso de capacidad instalada y la burbuja. Verizon ha pedido al juez que ni aprueben el pacto con la SEC ni la salida de la quiebra. La empresa quiere la disolución de MCI.
El juez también escuchó a un ex empleado, Mitch Markus, quien dio la voz de alarma a la SEC en mayo de 2002 y dijo encontrarse con oídos sordos. Markus ha fundado www.BoycottMCI.com, una red que trata de disuadir a los consumidores de contratar a MCI.
Pero si hay alguien que oye a Markus es el propio Gobierno. A pesar de que en noviembre se dijo que se revisarían los contratos de la compañía, como se hizo con Enron, lo cierto es que el Gobierno federal, especialmente el Departamento de Defensa, sigue siendo el mayor cliente de la empresa en suspensión de pagos y este año la factura excederá los 700 millones de dólares.
El Gobierno dejó a más de uno asombrado cuando la oficina que dirige la reconstrucción de Irak concedió a MCI recientemente el desarrollo de una red de telefonía en ese país. La semana pasada, la Agencia de Servicios de la Administración defendió los nuevos contratos con Worldcom/MCI frente a las quejas demócratas.
La cultura del fraude y el consejo despistado
Dos informes paralelos sobre la gestión de la antigua Worldcom se hicieron públicos el lunes por la tarde en EE UU. Uno de ellos, el realizado por el ex fiscal del Estado Richard Thornburgh, señala, sin pruebas, al fundador de la empresa, Bernard Ebbers como uno de los mayores, responsables de la cultura del fraude instalada.El abogado de Ebbers se apresuró ayer a declarara que no había ni un solo papel que se pudiera esgrimir como prueba de que su cliente supiera más de lo que ha repetido que sabe y que le ha valido estar al margen de las acusaciones de los tribunales. Ebbers era cuidadoso. No con las finanzas de sus empresas, pero sí con sus propias espaldas y se las cubrió evitando intercambiar informaciones vía correos electrónicos y dejando evidencias por escrito en sus comunicaciones con sus empleados. Muy pocos documentos sobre los desmanes que dice Thornburgh se han descubierto por mucho que el segundo informe, elaborado por el ex miembro de la SEC William McLucas, saque semejantes conclusiones. Ambas investigaciones señalan que Ebbers no ha colaborado.Pero Thornburgh pone el dedo en otra llaga que le hace daño al actual presidente, Michael Capellas, quien trata la estrategia del borrón y cuenta nueva para que los tribunales aprueben la salida de la suspensión de pagos. Según Thornburgh hubo una deliberada pasividad del consejo y más empleados con respecto a la gestión de Ebbers y su financiero Scott Sullivan. Entre ellos, se recuerda que Juan Villalonga fue consejero entre 1998 a 2000.A Michael Capellas estos informes le ponen cuesta arriba el trabajo.