La CNMV, a fondo
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no da tregua a los fondos de inversión. Coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, el presidente del organismo regulador, Blas Calzada, ha aprovechado sus últimas comparecencias públicas para enviar mensajes de advertencia al sector de la inversión colectiva, al que, con acierto, conmina a aumentar la transparencia y la información que reciben los partícipes.
Esta misma semana, Calzada pedía a las entidades mayor claridad a la hora de vender fondos de inversión a través de las redes de oficinas, y exigía la utilización de un lenguaje comprensible, de la calle, al explicar a los pequeños inversores las características de cada producto. No es para menos. A finales de mayo, según los datos de Inverco, la patronal del sector, los fondos de inversión tenían más de 7,3 millones de partícipes. Una cifra que confirma que este producto se ha convertido en el destino preferido del ahorro de las familias, a medida que los bajos tipos de interés han reducido el atractivo de otros activos como los depósitos y las cuentas remuneradas. El sector, sin duda, goza de buena salud. Entre enero y mayo de este año los fondos han recibido más de 9.000 millones de euros de dinero nuevo, que se ha destinado masivamente a productos de escaso riesgo. Las grandes entidades han apostado por atraer al partícipe mediante el lanzamiento de fondos garantizados de renta variable.
Estos fondos, que garantizan el capital invertido más una rentabilidad adicional, han recibido el favor de los inversores gracias a campañas de captación muy agresivas. Pero los anuncios de estos productos pueden llevar a confusión si el inversor no lee con detenimiento la letra pequeña y entiende que la revalorización del activo al que se liga ese rendimiento adicional es menor a la que aparentemente se promete.
La CNMV quiere claridad y está trabajando para ello. El organismo prepara un nuevo modelo de folleto para los fondos, más corto y sencillo, que explique en apenas dos folios cuál es exactamente el destino de la inversión de la cartera. Desaparecen así los farragosos folletos de decenas de páginas, llenos de complicadas ecuaciones matemáticas difícilmente comprensibles para el inversor de a pie.
El patrimonio invertido en los fondos de inversión, más de 180.000 millones de euros, es lo suficientemente importante como para que exista un marco regulatorio que garantice la seguridad y los derechos del partícipe. La ley que se está tramitando va en esa línea y aumenta las exigencias para las gestoras. Entre las nuevas exigencias, obligará a los fondos a asistir a las juntas de aquellas compañías en las que tengan una participación significativa y vocación de permanencia. Una normativa, en definitiva, de defensa de un inversor minoritario que ha sido maltratado en algunas de las últimas operaciones financieras.