El gobierno blindará el objetivo de "déficit cero" con la nueva ley general presupuestaria
La nueva Ley General Presupuestaria protegerá el objetivo de "déficit cero" y ampliará las competencias de los departamentos ministeriales, así como las de los organismos autónomos dependientes del Estado, con el objeto de mejorar la eficiencia y la rapidez en la toma de decisiones que afecten al gasto público en España.
Así lo explicó hoy en rueda de prensa el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Ricardo Martínez Rico, quien presentó las líneas básicas del Anteproyecto de Ley General Presupuestaria, que el Ejecutivo prevé aprobar a lo largo del presente ejercicio, para que se aplique en la redacción de los Presupuestos del año 2005.
Martínez Rico destacó que la nueva norma supone "un paso más" en el desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que, al establecer el objetivo de equilibrio presupuestario para todas las Administraciones Públicas, "asegura uno de los pilares del crecimiento económico y la creación de empleo en España".
En este sentido, la nueva norma regula el proceso de
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y los entes vinculados o dependientes de él a partir de unos principios básicos: la estabilidad, la eficiencia en la asignación y gestión de los recursos públicos y la plurianualidad, "que garantiza el mantenimiento del equilibrio a medio plazo", consideró Martínez Rico.
La ley sustituirá al texto refundido de 1988, que a su vez modificaba la normativa de 1977. "Era necesaria una nueva norma adaptada al actual marco económico que, además, recoja las últimas tendencias de los países más desarrollados en materia de gestión presupuestaria", señaló Martínez Rico.
Más competencias
Una de las novedades de la norma es la flexibilidad en la
gestión del gasto que tengan asignado los distintos departamentos ministeriales, sobre todo en lo que se refiere a la inversión. De esta forma, podrán adecuar los créditos de que dispongan a las necesidades de cada momento, acompañando una mayor elasticidad del gasto para los centros gestores.
Además, se contempla una mayor responsabilidad en el
cumplimiento de los objetivos fijados. De hecho, la ley determina que la asignación del gasto a cada departamento se hará en función del grado de cumplimiento de dichos objetivos.
Otra de las novedades que incorpora el texto se refiere a la utilización de los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y de otras entidades del sector público estatal. Así, Hacienda podrá pedir el ingreso en el Tesoro Público de la totalidad o parte de los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y entidades públicas que no sean necesarios para financiar su actividad.