Cuatro consorcios optan a la privatización de las autopistas tras la retirada de Abertis
Cuatro grupos de empresas de construcción y concesión optan finalmente a la privatización de la Empesa Nacional de Autopistas (ENA) después de que el consorcio integrado por Abertis (la compañía resultante de la fusión de Acesa y Aurea) y la concesionaria portuguesa Brisa desistiera de presentar ninguna oferta. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) recibe hoy los sobres con las pujas económicas, que deben partir del precio mínimo establecido de 1.100 millones de euros.
Tanto la recepción como la apertura de los sobres se realizará ante notario. El precio que cada uno de los grupos esté dispuesto a ofrecer por el holding de autopistas públicas será el factor determinante para su adjudicación, una vez que la SEPI ha obtenido el consentimiento de todos los concurrentes al plan industrial diseñado para la concesionaria.
El primero de los cinco grupos que han pasado a la subasta final de ENA está formado por Ferrovial, su participada Europistas, Caja Madrid y Unicaja, y contará con la financiación de Banesto. El segundo consorcio lo integran OHL y la sociedad de capital riesgo británica Apax Partners y el tercero Sacyr en unión con el grupo Torreal, el Santander Central Hispano (SCH) y un grupo de cajas de ahorro. Acciona y FCC, que inicialmente se presentaron a la privatización del holding de autopistas públicas por separado, conformaran el cuatro que compite por hacerse con las autopistas de la SEPI.
Abertis y Brisa han decidido finalmente no presentar su oferta al considerar que el "conjunto de condiciones finales de la operación no se ajustan a los criterios de inversión establecidos por el consorcio".
Compromisos empresariales
La empresa que finalmente se adjudique ENA, además de asumir el conjunto de derechos y deberes que ya conlleva el sistema de explotación de autopistas en régimen de concesión, deberá comprometerse también a mantener el capital social de la empresa, así como sus fondos propios, su plantilla, con sus correspondientes condiciones laborales, y las participaciones minoritarias con que cuenta en otras vías privadas.
El eventual adjudicatario de ENA deberá garantizar dichos requisitos durante un periodo mínimo de al menos cinco años desde la fecha de adjudicación del grupo de autopistas públicas.