La asamblea de Kutxa rechaza adaptar sus estatutos a la ley vasca de cajas
Los gestores de Kutxa no han medido bien los apoyos esperados para sacar adelante la adecuación de sus estatutos a la Ley Vasca de Cajas de Ahorros. La asamblea de la entidad financiera guipuzcoana que preside Fernando Spagnolo, celebrada a puerta cerrada, rechazó el sábado en San Sebastián, por un voto, adecuarse a la reglamentación aprobada por la Cámara de Vitoria. Esta decisión podría provocar que el Ejecutivo vasco promulgue un decreto que suponga la adecuación inmediata del reglamento aprobado por el Parlamento de Euskadi.
La aplicación de la Ley vasca de Cajas de Ahorros ha chocado contra su primer muro, a la vez que ronda un posible recurso de la Administración central contra su promulgación. La decisión de la asamblea extraordinaria de Kutxa, la primera entidad que debía tomar postura en este sentido, ha resultado negativa para el legislador. La de BBK, dentro de un mes, y la de Vital Kutxa, que espera poner fecha a una reunión que permita adecuar sus estatutos al nuevo reglamento, podría suponer un nuevo revés a las tesis planteadas por el gabinete presidido por Juan José Ibarretxe y sustentado por el PNV, EA e Izquierda Unida.
Rechazo de los empleados
El rechazo a esta adecuación en la asamblea de Kutxa, según fuentes consultadas, procedió de los representantes de los trabajadores y de los miembros del Partido Popular y de la ilegalizada Batasuna presentes en las instituciones guipuzcoanas con ascendencia en los órganos de la caja. A favor de la adaptación votaron los miembros del PNV-EA, mientras que los del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) se abstuvieron.
El rechazo a esta polémica ley procedió de los trabajadores, porque consideran que con la nueva reglamentación los empleados pierden peso en la gestión, las instituciones reducen escasamente su presencia en estas entidades financieras y los impositores y empleados de fuera del territorio natural de las cajas de ahorros apenas tienen representación en la asamblea.
La pelota está, nuevamente, en el tejado del Gobierno vasco. El Ejecutivo deberá tomar cartas en el asunto para que las entidades adecúen unos estatutos que ya vienen acotados por la Ley Financiera.