Meroño estima casi inviables las opas a empresas con actividades reguladas

El presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Pedro Meroño, compareció ayer ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso para defender la actuación de este organismo, que ha impedido a Gas Natural con su veto tomar el control de Iberdrola. Meroño basó esa drástica decisión, aceptada por seis consejeros y rechazada por tres, en la incapacidad para garantizar el cumplimiento de las fuertes condiciones que se habrían impuesto a la operación.

Las posibilidades alternativas al veto, según Meroño, eran en la práctica inviables. Una consistía en establecer condiciones suspensivas, que se deben cumplir antes de autorizarse la operación; en este caso, la opa habría sido paralizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La otra opción consistía en fijar condiciones resolutorias, cuya materialización se extendía hasta 2006. En este escenario, según Meroño, la CNE habría contado con capacidad para fiscalizar su cumplimiento, pero no para garantizarlo, más si se tiene en cuenta que la integración no tenía marcha atrás al ser las opas irreversibles.

Ese problema, al que al parecer no encontraron solución, empujó a Meroño, según declaró, a cambiar su posición inicial, en la que se decantaba por imponer fuertes condiciones.

Respecto al sistema planteado por el grupo gasístico para hacerse con la eléctrica destacó otros defectos. 'La operación habría supuesto la salida del sector energético de 6.000 millones', indicó; este argumento también fue utilizado por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, en una comparecencia en el Senado la pasada semana. Utilizando una metáfora, señaló que el matrimonio entre Iberdrola y Gas Natural suponía el pago de la dote a un tercero.

Meroño explicó también ante los diputados otros peligros detectados, en línea con el dictamen de la CNE. Habló de la dificultad para fiscalizar los posibles trasvases de fondos de las actividades reguladas a las no reguladas, así como el posible impacto de la deuda originada por la compra de Iberdrola en los activos remunerados por tarifa. Además manifestó la preocupación del organismo por el cumplimiento de los planes de inversión comprometidos.

El presidente de la CNE descalificó en la práctica la validez de los informes técnicos realizados por el organismo regulador, en los que no se aconsejaba el veto. Y resaltó, por ejemplo, que existían contradicciones entre ellos. 'Se trata de documentos de trabajo, pero la responsabilidad final la tiene el consejo', añadió. Meroño, que no ocultó su enojo por la publicación de los informes, agregó que existe otro documento, elaborado por la asesoría jurídica, que señala que el veto es conforme con la actual normativa.

Pierde credibilidad

A preguntas de la diputada socialista Arantxa Mendizábal, el presidente de la CNE negó haber recibido 'instrucciones o indicaciones' del Ministerio de Economía para que parasen a Gas Natural. Mendizábal lamentó la pérdida de credibilidad de la CNE tras esta operación y preguntó si la decisión habría sido la misma si la opa no hubiese sido hostil. Señaló que la CNE no presenta argumentos contundentes.

El representante de CiU Josep Sánchez i Llibre acusó al organismo regulador de actuar 'en contra del interés de consumidores y accionistas' y de 'proteger a un determinado consejo de administración', previsiblemente en referencia al de Iberdrola. Añadió que, a partir de ahora, 'difícilmente una empresa regulada española podrá comprar otra empresa regulada'.

El diputado del PNV, Pedro Azpiazu, mostró su 'perplejidad' por las diferencias entre los informes técnicos y la decisión final de la CNE y añadió que en la actuación ha detectado 'cierto cariz político'.