La mayoría de la CNE se inclina por fijar condiciones duras a la opa de Gas Natural
La elaboración del informe de la CNE sobre la oferta de Gas Natural para controlar Iberdrola y su efecto en las actividades reguladas va a tardar más de lo esperado. En principio estaba previsto que ayer se conociera su conclusión, pero se ha retrasado hasta hoy, aunque parece descartado que se posponga hasta la semana próxima. El alejamiento de posturas entre sus miembros ha provocado el retraso, aunque a lo largo de ayer se produjeron ciertas aproximaciones a la tesis defendida por Javier Peón, representante del PP y ponente del informe, que aboga por imponer condiciones duras a la opa.
En la última votación, realizada ayer, parece que el ponente logró sumar seis votos, mientras que la posición liderada por los consejeros más próximos a CiU sólo contaba con tres votos. Este grupo defiende unas condiciones a la oferta que, sin duda, no obstaculizarían su materialización.
Javier Peón ha contado desde hace días con el respaldo de los consejeros más próximos al PP, como el vicepresidente de la CNE, Fernando Martí; María del Carmen Fernández, y José Sierra. Pero, al parecer, el empate se rompió ayer, ya que con ese grupo se alineó el propio presidente del organismo regulador, Pedro Meroño, así como el independiente Carlos Duato. El cambio de posiciones podría deberse a que, pese a que se imponen condiciones muy fuertes, se han suavizado respecto a versiones anteriores del informe del ponente.
En el lado contrario se situarían los consejeros Dolader y Ruscadella, ligados a CiU, y Jaime González, nombrado por el PSOE. Este grupo apuesta por la operación, ya que considera que se generará una empresa fuerte y con músculo para crecer tanto en España como en el extranjero y que la operación es buena para cerrar el mapa abierto de la reordenación del sector.
Politización
Las fuertes diferencias registradas desde que el consejo de la CNE analiza los documentos realizados por sus técnicos han provocado la intervención de Meroño, quien amenazó con su abstención. El presidente de la CNE, que puede hacer valer su voto a la hora de inclinar la balanza de uno u otro lado, ha defendido un acercamiento de posturas, ya que considera que en un proceso del calado que tiene el liderado por Gas Natural requiere de un mayor consenso.
También estima que la decisión que se adopte puede ser la referencia a la hora de tomar postura si se produce una situación similar en el futuro. Tampoco le interesa que la fuerte politización detectada en el análisis de esta operación implique una pérdida de credibilidad del organismo que preside.
Entre las condiciones que se quieren fijar a la opa es que las entidades financieras participantes en el capital de Gas Natural y que avalan su opa, en este caso La Caixa, y posiblemente Caixa Cataluña, no puedan dar soporte financiero al grupo que preside Antonio Brufau en las inversiones que éste compromete en las actividades reguladas.
En esta línea, exigirían otros avales financieros a Gas Natural para garantizar las inversiones en transporte y distribución de gas y electricidad. La CNE quiere también cuantificar esos compromisos en al menos 3.000 millones de euros. Igualmente cuestiona la posible posición de dominio que se produciría pese al proceso de desinversión anunciado por la sociedad presidida por Antoni Brufau, aunque este tema formará parte del informe que realiza para el Tribunal de Defensa de la Competencia.