El ex director general del SCH declara que ignoraba los pagos a Amusátegui y Corcóstegui
Luis Abril, ex director general del Santander Central Hispano (SCH), aseguró hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios que desconocía los contratos por los que José María Amusátegui y Angel Corcóstegui percibieron millonarias compensaciones al abandonar la entidad presidida por Emilio Botín.
Abril, que declaró en calidad de testigo a petición de las acusaciones y con el visto bueno del fiscal encargado del caso, Jesús Caballero, explicó que en el SCH trabajó como director general de Comunicación y Estudios Económicos.
En este sentido, añadió que no formó parte de los consejos de administración en los que se aprobaron los contratos de Amusátegui y Corcóstegui, ex co-presidente y ex vicepresidente del SCH respectivamente. Así, reiteró que nunca supo nada, "ni directa ni indirectamente", de tales acuerdos.
Abril, que actualmente es director general de Medios, Marketing y Contenidos de Telefónica, así como presidente de la división de Contenidos de la mencionada compañía, declaró en relación al caso que instruye la juez Palacios sobre la bonificación de 43,75 millones de euros que el SCH abonó a su ex co-presidente, José María Amusátegui, así como al pago de 108 millones a su ex vicepresidente Angel Corcóstegui.
Querellas
La querella, presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui, fue admitida a trámite el pasado 5 de noviembre. La magistrada apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros
como pago a Amusátegui, lo que atentaría supuestamente contra los intereses de los accionistas.
La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio
patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa". Por su parte, la denuncia presentada por Rafael Pérez Escolar, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.