Un plan para la Administración electrónica
Cuando al Plan Info XXI le queda poco más que medio año de vida, es cuando el Gobierno empieza a ponerse las pilas y apuesta por convertir Internet en una herramienta para el servicio público. Esa es la idea del anunciado Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Electrónica, una estrategia de choque, un anticipo del futuro nuevo Plan Info, que pretende llevarnos hacia donde ya acampa el tigre celta. Irlanda tiene hoy la Administración electrónica más avanzada, con un 90% de sus servicios públicos en la Red.
El Plan Info XXI, en contra de lo que dicen algunos ministros, camina hacia su ocaso con más sombras que luces, pero una de esas lucecitas era, precisamente, la pomposamente denominada e-Gobernanza, es decir, la incorporación de la Administración pública a Internet. El 65% de los servicios públicos españoles están ya en la Red y España ocupa el sexto lugar en Europa, si bien nuestros administradores se han esmerado mucho más en incorporar aquellos que les reportan ingresos frente a los que sólo sirven para facilitarle la vida al ciudadano.
En Internet hay una lista larga de nichos que necesitarían un plan de choque, pero es un acierto prestar atención prioritaria a los servicios públicos básicos. Incorporarnos a la sociedad del conocimiento no es sólo un problema de los gobernantes, sino responsabilidad de todos los grupos sociales y de las empresas, pero a los primeros compete ofrecer aplicaciones que creen valor para los usuarios, sobre todo, si, como se ha demostrado, los servicios públicos online son una de las claves para popularizar Internet entre los ciudadanos.
Algunas experiencias han sido pésimas, como la de los censos, pero otras, como la del impuesto sobre la renta, que en la campaña actual espera millón y medio de declaraciones, han demostrado la utilidad de la Red y han desacreditado su pretendida inseguridad. La transmisión de la información fiscal no ha generado ni una sola reclamación ante los tribunales entre las 1.134.000 declaraciones online presentadas en 2002.
El nuevo plan debe superar los enunciados genéricos del Info XXI y establecer un índice de objetivos concretos con fechas para su cumplimiento. Para que muchos de los nuevos servicios públicos sean accesibles, debe ser también una realidad la nueva firma electrónica, disponible para las empresas, y el DNI electrónico, accesible para los ciudadanos, pero el anteproyecto de ley que los crea no ha llegado todavía al Congreso y cada vez parece más difícil que esos documentos de identidad estén disponibles este año.
El aprovechamiento por las Administraciones públicas de la Red es escaso. El plan debería incluir medidas de desarrollo como la formación de los funcionarios, dotándoles de los equipos necesarios, además de facilitarse el intercambio de información entre las Administraciones públicas y establecer estándares comunes que permitan compartir la información.
Tampoco hay que olvidarse de los aspectos formales. Muchos portales de la Administración suspenden en accesibilidad, son webs complejas, con una carga excesiva de imágenes, desplegables, scripts, y plug-ins que dificultan su manejo y las convierten en inaccesibles y difíciles de navegar. El llamado portal del ciudadano, destinado a ser su intermediario virtual con la Administración y el impulsor de la ciberadministración España, ha sido un buen ejemplo de lo que decimos.
La foto digital de España dice que hay que redoblar los esfuerzos para llevar los servicios públicos a la Red y, sobre todo, mejorar su transaccionalidad. Todavía nos encontramos en una etapa de desarrollo dominada por la interacción unidireccional, por el suministro de información, y es preciso saltar a la fase de la interacción bidireccional, que permita realizar todos los trámites administrativos de forma online, evitando procesos offline.
Acabamos de celebrar el décimo cumpleaños de la popularización de Internet, de la aparición de la World Wide Web y la puesta en marcha de su navegador Mosaic. Desde 1993, casi 700 millones de personas utilizan una tecnología llamada a revolucionar la forma en que nos comunicamos. De esas personas, nueve millones viven en España.
Para seguir en esa vía de popularización, en concordancia con el lema 'la sociedad de la información para todos', la respuesta española a la iniciativa política del Plan de Acción eEurope de la UE, hay que llevar a los ciudadanos hacia la Red. Ofrecerles servicios públicos útiles es una de las mejores alternativas.