La opa que nació muerta
La decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la operación de Gas Natural e Iberdrola confirma los peores presagios respecto a la interferencia de la política en la vida empresarial española. Es vox populi que al Gobierno no le gustaba la opa. Por un lado, porque quienes iban a controlar la empresa fusionada no son personas de su confianza. Por otro lado, porque las personas próximas al Gobierno que dirigen otras empresas energéticas y financieras también estaban en contra de la operación. Pero el Ejecutivo ha elegido la vía menos inteligente para frenar la operación.
La fusión presenta problemas de competencia lo suficientemente serios como para que el Gobierno pudiese bloquearla simplemente planteando objeciones razonables, a través del Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal, e imponiendo condiciones que llevaran a Gas Natural a renunciar al proyecto. Pero ha caído en la tentación de utilizar como arma la CNE, un órgano teóricamente independiente pero en el que, con tres excepciones, todos los miembros han sido nombrados por su lealtad al PP. El ponente, Javier Peón, es un ex diputado del PP, y una de las consejeras fue la que ayudó a Pilar Valiente en el famoso y fallido caso de los 200.000 millones que Solbes 'dio a sus amigos'.
A falta de detalles concretos sobre el dictamen, la argumentación de que la empresa fusionada no sea capaz de llevar adelante las inversiones en las actividades reguladas es ridícula cuando, además, Gas Natural se adelantó a combatirla proponiendo avalar esas inversiones. Aceptar el argumento de filtración de recursos de actividades reguladas a actividades no reguladas significaría que la normativa de actividades reguladas está mal diseñada. En este caso, no sería un argumento para frenar la fusión, sino para impedir la actividad de las empresas del sector hasta que se cambie la norma.
El informe del Servicio de Defensa de Competencia trasladando la operación al tribunal plantea asuntos que tiene más sentido discutir: los problemas que surgen del aprovisionamiento de gas, del transporte del mismo (si Gas Natural no sale totalmente de Enagás), los de aquellos lugares donde la nueva empresa tiene redes de gas y electricidad o los de comercialización. Discutir estas cuestiones tiene todo el sentido, pero utilizar la CNE para argumentar que hay riesgos en las actividades reguladas desprestigia a la institución.
La politización de esta operación surge de que el Gobierno popular no hizo una privatización al estilo Thatcher, de separación absoluta entre empresas y política, sino que ha querido mantener controladas indirectamente las empresas privadas a través de personas afines. Esta relación entre política y vida empresarial debería desaparecer. El sector público ha de preocuparse de establecer regulaciones pensadas para todos y no decidir sobre actuaciones empresariales según le guste o le disguste a una empresa. Esta forma de actuar atenta contra la economía de mercado y proporciona a España una imagen que debería abandonar cuanto antes.