La CNE decide mañana si aprueba la Opa de Gas Natural sobre Iberdrola
El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), regulador independiente de los sectores energéticos, se pronunciará el próximo martes, día 29, sobre si la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Gas Natural sobre Iberdrola pone o no en peligro las inversiones en el sistema eléctrico y gasista.
En el caso de que la CNE considere que el hipotético grupo resultante de la fusión tiene solvencia técnica, legal y financiera para cumplir los compromisos de inversión y ofrecer el adecuado suministro de electricidad y gas a los consumidores, dará el visto bueno a la operación, de lo contrario podría desautorizarla. La operación, analizada ya en un par de ocasiones por el consejo de la CNE, ha suscitado división de opiniones en el órgano de gobierno del regulador, al contar con el rechazo de los tres consejeros designados por el PP, frente a la postura favorable de los servicios técnicos de la CNE y de su propio presidente, Pedro Meroño.
Las mismas fuentes han señalado que en los últimos días ha cobrado fuerza la tesis de que finalmente el consejo de la CNE se decantará por aprobar la OPA con condiciones. Entre estas condiciones podría estar que se garanticen las inversiones en actividades reguladas y que los activos en estas actividades no se usen en ningún caso como aval para las inversiones para no ponerlos en riesgo. Además de este informe, la CNE tiene que elaborar también un estudio de la operación desde la óptica de su impacto en la liberalización del sector, que pasará directamente al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).
Iberdrola ha advertido de que la OPA de Gas Natural pone en ¢riesgo innecesario¢ el objetivo de desarrollo de infraestructuiras de gas y electricidad fijado por el Gobierno en el documento de Planificación energética de España para la próxima década. En concreto, considera que la operación paraliza inversiones conjuntas por valor de 4.100 millones de euros. Por su parte, Gas Natural asegura que la operación en ningún caso pone en riesgo las inversiones previstas y necesarias para el sector regulado del gas y la electricidad, ni tampoco las anunciadas para nueva generación eléctrica.