Botín reclama a la Audiencia Nacional el archivo del 'caso de las cesiones de crédito'
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró ayer la vista de los recursos contra la decisión de la jueza Teresa Palacios de imputar a Emilio Botín y a otros cuatro directivos del entonces Banco de Santander una presunta participación como inductores o cooperadores necesarios en 138 delitos fiscales por el llamado caso de las cesiones de crédito.
Los abogados Gonzalo Rodríguez Mourullo y Horacio Oliva, que representan los intereses del banco, solicitaron al tribunal que acuerde el sobreseimiento de la causa. Los letrados argumentaron que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando en un proceso no hay acusación particular y tampoco acusa el fiscal ni el abogado del Estado, como ocurre en este caso, no pueden acordarse imputaciones contra nadie. Los representantes legales del banco añadieron que la jueza Palacios no concreta las actuaciones directas de los imputados con los 138 delitos fiscales que se investigan. Los ex altos cargos del Santander acusados, además de Emilio Botín, son Rodrigo Echenique, ex consejero delegado; José Ignacio Uclés, ex jefe de la asesoría jurídica; Lorenzo Solana, ex subdirector adjunto a la dirección de sucursales, y Ricardo Alonso, ex jefe central contable. Los letrados citaron un auto de la Sala de abril de 2002 por el que se especificaba a la jueza instructora que, si quería acordar imputaciones, éstas no deberían ser genéricas. Según la defensa del banco, la jueza ha basado su decisión de imputar en comunicaciones internas de la entidad posteriores a los hechos. La instructora, según dijeron, sólo ha esgrimido la existencia de estas comunicaciones internas para relacionar a los directivos con los presuntos delitos. Mantienen los abogados de la entidad que, aunque la jueza lo ha intentado, no ha podido relacionar a los ejecutivos del banco con los clientes y que se 'ha tergiversado' el motivo de esas comunicaciones.
Sin embargo, las dos acusaciones populares ejercidas por Iniciativa per Catalunya y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes sostienen que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a los directivos del banco, a 138 clientes y a seis testaferros.
Las cesiones de crédito, fiscalmente opacas, fueron comercializadas masivamente por el Banco Santander entre los años 1987 y 1992. Según el auto de la jueza Palacios recurrido, el banco vendió 47.274 cesiones de crédito a un total de 3.500 clientes, por un importe global de 2.602 millones de euros. El fraude se estimó en 48 millones.
Responsabilidad penal
El fiscal Pedro Rubira, al igual que el banco, pidió al tribunal el sobreseimiento de la causa porque considera que no se han individualizado las actuaciones de los imputados ni tampoco se ha especificado la relación directa de los directivos del Santander con los clientes. Añadió que los delitos fiscales los cometieron los clientes y los hechos pueden tener consecuencias desde el punto de vista tributario, pero no puede haber responsabilidad penal.
Desde el punto de vista formal el fiscal también ve inviable el proceso porque serían 149 acusados.
El abogado del Estado, que se adhirió a lo dicho por el fiscal, apuntó que los ejecutivos de la entidad bancaria no tenían 'dominio del hecho' y que, por lo tanto, no pueden ser responsables. Es decir, los acusados no tuvieron intervención directa para que los 138 clientes del banco defraudaran a Hacienda no pagando las retenciones que correspondían (entre el 20% y 25% del capital depositado). Ahora la Sala resolverá (puede tardar meses) si sienta en el banquillo a los acusados o archiva la causa.