Andalucía y sus cajas de ahorros
Las cajas de ahorros españolas son objeto de atención frecuente de los medios de comunicación, más por los apetitos de poder e intervención en las mismas que por lo que realmente es destacable de ellas: su solvencia, su simbiosis con la clientela y su importancia capital en el sistema crediticio.
Pero, en cuanto a noticias y espectáculo mediático, la palma de los últimos años se la lleva Andalucía, cuyas cajas vienen soportando una presión que, sin duda, va en detrimento de la gestión ordenada y de la confianza que requieren las entidades financieras. Por ello, sería de la mayor urgencia que los poderes públicos de la región realizaran un esfuerzo por recuperar la serenidad y prudencia que nunca se debieron perder en materia de cajas.
El sistema de cajas de Andalucía está integrado por seis entidades, que representan alrededor del 10% de los activos del sector en España, incluyéndose una caja andaluza, Unicaja, entre las diez primeras de dicho sector. Las restantes cajas andaluzas tienen una dimensión homogénea, con excepción de la Caja Provincial de Jaén, la más joven. Con independencia de ello, existe en Andalucía una presencia significativa de otras cajas que debe valorarse como un estímulo para la competencia y para la obtención de los objetivos de crecimiento y desarrollo regional que pretende el poder público, a los que las cajas de ahorros, tengan o no sede en Andalucía, pueden coadyuvar por su gran experiencia y dedicación en materias tan sensibles como la vivienda y la pequeña empresa.
El modelo de gobierno y control de las cajas, fundado en una fuerte influencia de los poderes públicos locales y autonómicos en su gestión, parece que, en una región como Andalucía, muy homogénea políticamente, tendría como objetivo la puesta en práctica de políticas generales encaminadas al reforzamiento de la imagen y gestión de las cajas de la comunidad autónoma y el desarrollo paralelo de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorros, dotándola de medios y capacidad para convertirse en impulsora y prestadora de servicios comunes, así como en interlocutora del sector tanto en los mercados financieros como ante las autoridades económicas y monetarias.
Sin embargo, una vez pasadas y digeridas las fusiones de cajas andaluzas de principios de los noventa, no sólo no aparecieron propuestas públicas en el sentido antes indicado, sino que se trató de enfatizar en nuevas y variopintas fusiones, de difícil justificación en materia de banca minorista, con la añadidura de mayores intervencionismos en el gobierno de las entidades que han originado múltiples conflictos, siendo el más reciente el que afectaba al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, que ha terminado en la recuperación parcial del protectorado de esta caja por el Ministerio de Economía.
Lo sucedido con Cajasur puede deberse a un conjunto de circunstancias impregnadas de bisoñez en la gestión pública y falta de realismo al enfrentarse con realidades sociales e institucionales que requieren, en mi opinión, ser tratadas con mayor templanza y moderación. En todo caso, la pérdida parcial del protectorado no es ningún drama: el Ministerio de Economía está en Madrid, como el Banco de España, y es un organismo nacional. No es el extranjero. La caja, como es natural, sigue desarrollando su actividad en Andalucía y, sin perjuicio de las peripecias personales coyunturales, seguirá siendo una de las más importantes entidades de crédito de la región.
Otro episodio, también significativo, es el de la posible fusión de las dos cajas de Sevilla, El Monte y San Fernando, que se encuentra en el tercer intento, que podría ser el definitivo, porque, aunque las fusiones no son el único y ni siquiera el mejor instrumento para el desarrollo de entidades minoristas como las cajas, sí es cierto que, cuando se producen, han de buscar el mantenimiento de la identidad territorial, un pilar clave de su fortaleza. Por eso, parece claro a los ojos de cualquier observador que, frente a otras propuestas de las muchas y variadas que han florecido en Andalucía, la constitución de una caja importante en Sevilla es un objetivo encomiable, que necesita aglutinar apoyos y rehuir las controversias.
Si, a pesar de las dificultades, prospera la fusión de las cajas de Sevilla, se mejorará el magro y amargo balance que, en materia de cajas, presenta la última legislatura regional y podría encararse el futuro con la recuperación de las políticas de entendimiento y desarrollo, nucleadas en torno a la Federación Andaluza de Cajas en la que no habría que descartar la presencia en calidad de asociados de otras cajas con presencia significativa en la región.