El Gobierno promoverá la venta por concurso de inmuebles públicos
El Gobierno tiene ya ultimado el borrador de la nueva Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que actualiza la vieja ley de abril de 1964, que ha quedado obsoleta.
El texto, que probablemente sea aprobado el próximo viernes, en Consejo de Ministros, tiene entre sus objetivos la mejora de la gestión de los cerca de 40.000 inmuebles con que cuenta el Estado en la actualidad. Ello implica la reducción del parque de edificios públicos en los que el Estado paga un alquiler (cerca del 10% de la superficie total) y la agilización de los trámites para la compraventa de inmuebles.
El Ejecutivo ha decidido introducir el procedimiento de concurso como norma general en la venta de inmuebles públicos. Hasta ahora sólo se permitía la subasta o la adjudicación directa. El subsecretario de Hacienda, Francisco Uría, estima que el procedimiento por concurso permite tener en cuenta otros criterios económicos distintos del precio del bien.
De esta forma, la adjudicación de los bienes recaerá en el licitador que haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los correspondientes pliegos. 'Ello viene bien para promoción de viviendas en suelo público', asunto que el borrador de la ley pretende potenciar. 'No obstante, el número de inmuebles públicos que se podría destinar o transformar en vivienda es mínimo, ya que la mayoría tiene ya uso definido, como dependencia oficial', indica Uría.
No obstante, el borrador de la ley permite el procedimiento de subasta para casos excepcionales y la adjudicación directa para ciertos supuestos, como cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro o queden desiertos otros procedimientos. El borrador crea la figura de un único agente (la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias, presidida por Rodrigo Rato) que coordine la política inmobiliaria de toda la Administración y reagrupe los bienes del Estado y los de los organismos públicos anexos (ahora separados).
Actualmente existe una pluralidad de agentes y una proliferación de regímenes especiales de gestión patrimonial (Puertos del Estado, AENA, Renfe, GIED, etc.) que entorpecen una actuación coordinada. 'Muchas veces comprobamos cómo hasta tres miembros de la Administración del Estado negocian con un mismo ayuntamiento sin haber hablado entre ellos sobre la posibilidad de cesión de edificios entre unos a otros', reconoce Uría.
De cara al futuro, el Gobierno reducirá el número de inmuebles públicos alquilados (3% del total en Madrid, y hasta un 15% en la periferia) para ahorrar costes y reubicará parte de los que tiene situados en el centro de las ciudades, a excepción de los emblemáticos (sedes de ministerios y organismos oficiales).
Multas de 10 millones
El anteproyecto fija un severo régimen sancionador para quien dañe el patrimonio del Estado. Se prevé una multa hasta de 10 millones de euros en caso de infracción muy grave (usurpación de bienes de dominio público o daños por valor superior a millón de euros). Las infracciones graves (daños entre 10.000 euros y un millón) se castigarán con multas hasta de un millón de euros. Las leves (daños inferiores a 10.000 euros) se castigarán con multas hasta de 100.000 euros.
Otra novedad es la reducción del plazo máximo (de 99 a 75 años) en las concesiones de bienes de dominio público. Se crea un nuevo derecho real del titular de una concesión sobre las obras que haya construido y se regula un régimen de transmisión, hipoteca y titulización, hasta ahora inexistente, similar al de las concesiones de autopistas. Los contratos para explotación de bienes patrimoniales se adjudicarán por concurso, por un plazo no superior a 20 años.
En el caso de reestructuración del patrimonio empresarial, se necesitará la autorización del Consejo de Ministros para operaciones de saneamiento (compra o venta de acciones) con un coste superior a 10 millones.