Una huelga inadecuada
La guerra de Irak ha generado un compacto movimiento de rechazo de la opinión pública mundial, amparado en la ausencia de respaldo jurídico internacional al ataque militar. Raro es el pueblo del globo, musulmán o cristiano, que no se ha manifestado contra una guerra justificada sólo en la supuesta búsqueda de armas de destrucción masiva. España ha vivido con intensidad desacostumbrada la oposición al conflicto, respaldado sólo por el Gobierno y con la opinión pública totalmente en contra. Pero hasta ahora la movilización de los sindicatos se había limitado a participar en las manifestaciones y a paros parciales simbólicos de duración limitada y sin trascendencia para la actividad económica. Sin embargo, para el 10 de abril ya se ha presentado el preaviso para una huelga general de dos horas de duración por turno de trabajo, perfectamente estructurada y con un argumentario elaborado por UGT, en el que el sindicato asegura que la guerra de Irak afecta 'gravemente a las condiciones de empleo y vida de los trabajadores de los países implicados en el conflicto y de los no implicados'. Se trata de un mal paso.
Convocar una huelga general, aunque se limite su duración a dos horas, son palabras mayores en cualquier economía de mercado. Pero son mayores aún si se convocan en una economía alejada notablemente del núcleo del conflicto. Todas las huelgas generales tienen carácter político, pero tienen anclaje legal aquellas que pretenden combatir cambios indeseados en las condiciones laborales de los trabajadores. En este caso, la doctrina general parece coincidir en la ilegalidad de la convocatoria por no apreciar motivación laboral alguna.
El argumento de UGT es de una debilidad notable. Demostrar, o siquiera invocar, que los trabajadores de este país van a ser los grandes perjudicados por la guerra, resulta, cuanto menos, alambicado. De momento, de producirse el paro, serán las empresas las primeras en encajar el golpe, quizá más en organización, anomalías de producción y otros efectos negativos, todos ellos menos acusados que en un paro completo, pero aun así igual de perniciosos. Sin embargo, la central sindical convocante no parece albergar duda alguna sobre la legalidad del instrumento de presión que utiliza, ya que constituiría un acto de extrema imprudencia arrastrar a los trabajadores a un acto así con sospechas fundadas de su ilegalidad. Ahora mismo, no está claro hasta qué punto disponen de protección legal para acometer un acto que al final va contra la empresa en la que trabajan, por un motivo en el que, según las encuestas, su empleador coincide con ellos.
La economía internacional, la europea y la española necesitan estímulos para sacudirse la incertidumbre. El primero, que finalice esta guerra, que sólo quieren unos pocos. Pero el último es una huelga general que no sólo daña indudablemente la actividad, sino que además transmite de nuevo un clima de conflictividad propio de agentes sindicales inmaduros.