Las comunidades no podrán elevar su deuda por encima de 41.500 millones

Las comunidades autónomas han seguido elevando su endeudamiento en los últimos meses. El compromiso adoptado con el Gobierno central para moderar el recurso a la deuda ha servido para frenar la tasa de crecimiento experimentada en los últimos años, pero no ha impedido que el saldo vivo de la deuda aumente como en ejercicios anteriores.

Según los últimos datos, hechos públicos ayer por el Banco de España, las comunidades tenían acumulada a finales de 2002 una deuda de 41.527 millones de euros, 775 millones más que un año antes. Ello supone un crecimiento global del 2% respecto al mismo periodo del año anterior, según la metodología (protocolo de déficit excesivo) a que obliga la oficina de estadística europea, Eurostat.

Es de destacar, por su trascendencia para el futuro, la cifra global de endeudamiento (41.527 millones de euros) alcanzada por las autonomías en 2002.

En el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano participado por representantes de la Administración central y de los Gobiernos regionales, celebrado el 6 de marzo, se acordó un límite de endeudamiento regional.

Concretamente, se aprobó que la deuda viva de las comunidades autónomas deba ser a finales de 2003 la misma que la que tenían el 31 de diciembre de 2002.

Por tanto, las comunidades autónomas podrán financiarse a corto plazo por encima de ese límite, pero a finales de este año no podrán superar los 41.527 millones de euros que han alcanzado en 2002.

Ello supone una clara cortapisa a las posibilidades de endeudamiento autonómico, asunto que ya provocó serias reticencias entre algunas comunidades (Cataluña y las gobernadas por el PSOE), que solicitaron en el CPFF la posibilidad de que las regiones elevaran su ratio de endeudamiento por encima de estos límites, al igual que ocurre con el Estado, subsector que tiene limitado el gasto anual, pero no el recurso a la deuda.

Por regiones, Cataluña es la comunidad más endeudada de España (9.587 millones de euros), en términos absolutos, seguida de Andalucía (7.081 millones). Sin embargo, en términos relativos (comparando el volumen de deuda con el PIB regional que generan), la clasificación la lidera Valencia, con un ratio de deuda sobre PIB del 10,1%.

Los mayores crecimientos en 2002 correspondieron a Castilla-La Mancha (29,5%) Islas Baleares (25,65%) y Asturias (25,1%). Otras, como La Rioja, País Vasco y Canarias, incluso redujeron el saldo vivo de su deuda. El año 2002 fue un ejercicio de transición, en el que muchas comunidades ajustaron el volumen de su endeudamiento al nuevo modelo de financiación autonómica, pactado hace año y medio.

El efecto Madrid

Con todo, el ejercicio ha servido para que se hicieran patentes grandes discrepancias entre el Ministerio de Hacienda y los Gobiernos regionales a la hora de computar proyectos de inversión llevados a cabo por empresas regionales y que inciden sobre el cómputo de la deuda. El ejemplo más claro ha sido Madrid.

Después de meses de discusiones que llegaron, incluso, hasta los despachos de Bruselas, la Unión Europea ha permitido a la Comunidad de Madrid no computar como deuda la inversión efectuada por Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), la empresa que construye el Metrosur (red de metro que conecta los municipios del sur de la capital).

Ello ha supuesto la reclasificación de este organismo autónomo regional, desde el sector de Administraciones públicas (en donde lo tenía situado Hacienda) al de sociedades no financieras. Hasta noviembre, el Banco de España, siguiendo el criterio de Hacienda, venía considerando los pasivos de Mintra como endeudamiento de la Administración autonómica, y sus inversiones, como déficit. Al dejar de computar a Mintra como Administración pública ha desaparecido del saldo vivo de la deuda de la comunidad nada menos que 2.894 millones de euros, que es la inversión prevista por esta sociedad.

El efecto Mintra ha permitido que Madrid presente a finales de 2002 un crecimiento de su deuda de sólo el 1,4%, hasta 6.043 millones de euros.

Por otra parte, el Banco de España ofreció ayer datos también de los municipios. La deuda de todas las corporaciones locales (incluidas las diputaciones) creció un 5,8% en 2002, hasta 21.992 millones de euros. La mayor parte (16.782 millones) corresponde a ayuntamientos, de los que 7.341 millones son capitales de provincia.

Valencia se mantiene a la cabeza, aun después de Zaplana

La salida de Eduardo Zaplana de la presidencia de la Generalitat Valenciana el 9 de julio de 2002 no ha conllevado un cambio en la política de fuerte endeudamiento que el ahora ministro de Trabajo y Asuntos Sociales llevó a cabo en sus siete años de Gobierno. Si en esos siete años la Generalitat aumentó la deuda 4.200 millones de euros, en el segundo semestre de 2002 el aumento fue de 222 millones, lo que dejó la deuda a final de año en 6.870 millones, un 5,27% más que en 2001, equivalentes al 10,1% del PIB.De esta deuda, 3.242 millones no se devolverán hasta el año 2029 -mientras, se pagarán sólo intereses- gracias a un aplazamiento autorizado por el Consejo de Ministros en agosto de 2002, ya con Zaplana entre sus miembros. La continuidad de esta política era previsible, dado que el consejero de Economía sigue siendo el mismo, Vicente Rambla, y en la presidencia de la Generalitat está José Luis Olivas, el que fue primer consejero de Economía con Zaplana, en una etapa (1995-99) en la que se duplicó la deuda autonómica.Rambla calificó ayer los datos de 2002 como 'muy satisfactorios', por ser el menor incremento desde 1990 y por sus efectos en el empleo.La deuda valenciana es, con diferencia, la más alta en relación con el PIB, aunque en 2002 recortó una décima respecto al año anterior, y sigue aumentando pese a que con el nuevo sistema de financiación autonómica la Generalitat había prometido el déficit cero y el fin del recurso a la deuda. Sin embargo, los gastos corrientes volvieron a comerse el Presupuesto ordinario en 2002, hasta el punto de que la Generalitat tuvo que pedir prestado a los bancos 384,06 millones que no estaban presupuestados como ingresos.La Generalitat intentó minimizar el déficit mediante el desvío de inversiones a través de empresas públicas, cuya deuda supera ya los 2.200 millones de euros.