Hacienda rechaza que las regiones puedan tener déficit como el Estado
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer sirvió para hacer patente, una vez más, las diferencias políticas entre el PSOE, los nacionalistas y el Gobierno central respecto al comportamiento que debe regir la evolución de las finanzas públicas.
El órgano consultivo del Ejecutivo, formado por representantes del Gobierno central y de los respectivos Ejecutivos regionales, hizo ayer buenas las tesis iniciales del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Hacienda y las comunidades gobernadas por el Partido Popular presentaron sobre la mesa el mismo escenario macroeconómico que el aprobado hace justo un año: el equilibrio fiscal para todas y cada una de las comunidades autónomas para este año y los próximos tres ejercicios, hasta 2006.
La propuesta fue aceptada gracias al voto favorable de la Administración central y las comunidades gobernadas por el PP. Sobre la mesa se puso también una propuesta de la Generalitat catalana, a la que se sumaron varios Gobiernos gestionados por el PSOE (entre ellos, Aragón y Andalucía), por el que se pedía un escenario más flexible para las comunidades autónomas.
Este escenario pasaba por permitir a las comunidades algo de déficit, una cuantía similar a la que se permite al Estado. Según los escenarios macroeconómicos del Programa de Estabilidad (2002-2006) español enviados por el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, a Bruselas, se prevé que el Estado tenga este año un déficit del 0,5% del PIB, que se iría reduciendo hasta el 0,2% del PIB en 2006.
El déficit del Estado está previsto que se compense con un excedente de la Seguridad Social de igual cuantía, de forma que las Administraciones centrales (Estado y Seguridad Social, conjuntamente) se mantengan en equilibrio (déficit cero) este año y el siguiente, e inicien la senda del superávit a partir de 2005. Cataluña pidió ayer, precisamente, que las comunidades autónomas se pudieran beneficiar del excedente de la Seguridad Social, al igual que el Estado. 'Si el Estado puede tener déficit, por qué no las regiones', reflexionaban ayer desde las filas catalanas.
Sin embargo, Montoro fue inflexible. Recordó que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en vigor desde 2002, obliga a las Administraciones territoriales a mantenerse en equilibrio y resaltó que el Estado compensa sus cuentas con la Seguridad Social porque se trata de dos subsectores dentro de un mismo sector que es el de las Administraciones centrales.
Revisión de la financiación
El Gobierno catalán pidió ayer también la creación de varios grupos de estudio que valoren el coste económico que tendrá para las comunidades autónomas la aprobación de las últimas leyes estatales, como la de calidad de la enseñanza o la financiación sanitaria.
Hace dos semanas, el consejero jefe de la Generalitat, Artur Mas, solicitó al Gobierno central la revisión del modelo de financiación autonómico (aprobado hace año y medio) para adaptarlo al gasto adicional al que tendrán que hacer frente las comunidades por las decisiones del Parlamento central. El ministro de Hacienda respondió ayer que la revisión no corresponde hasta 2004, fecha en la que se liquidará el primer año del nuevo modelo de financiación autonómica.
Por otra parte, el CPFF aprobó que el endeudamiento de cada comunidad autónoma sea al final de cada ejercicio como máximo el que tenía a comienzos de año. Así, la deuda viva deberá ser a finales de 2003 la misma que la que había registrada a 31 de diciembre de 2002.
Por otro lado, en el Consejo se trató también la difícil situación de las arcas gallegas, muy afectadas por la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del petrolero Prestige. Es muy probable que Galicia no alcance el equilibrio en 2003, dados los gastos extraordinarios en que incurrirá para paliar la catástrofe.