Bruselas descarta ayudas directas a las líneas aéreas

El plan ha sido elaborado por los departamentos de Transportes y Energía que dirige la comisaria europea, Loyola de Palacio, y constituye una primera respuesta de urgencia al previsible impacto del conflicto militar en las áreas de su responsabilidad.

La Comisión Europea (CE) ofrece de momento al sector aéreo la posibilidad de que los Estados asuman de nuevo la cobertura de los daños a terceros si las compañías aseguradoras, como ocurrió después del 11 de septiembre, retiran ese tipo de pólizas (una hipótesis remota, según la mayoría de los Estados de la UE).

La CE permitirá, además, que el erario público asuma los costes de las medidas de seguridad que se deban adoptar por culpa del conflicto o por el riesgo de atentados terroristas. Bruselas ya autorizó la pasada semana que Francia concediese ese tipo de ayudas. De Palacio impuso su criterio frente a las reticencias del comisario de Competencia, Mario Monti, que veía en esa tolerancia un regreso encubierto a las ayudas de Estado. Bruselas también se muestra partidaria de que las líneas aéreas puedan conservar sus derechos de aterrizaje y despegue (slots) en los aeropuertos comunitarios incluso si no alcanzan el 80% de utilización que exige la reglamentación actual.

Respecto a los mercados energéticos, Bruselas no descarta que el precio del barril de petróleo se sitúe entre los 60 y los 80 dólares si la guerra se prolonga o se extiende a otros países de la zona.

La comisaria De Palacio espera que el sector aéreo sufra al menos por tres vías: el cierre del espacio aéreo en la zona del conflicto y la obligación de esquivarlo con rutas más largas, sobre todo, a través de Rusia; la congestión del espacio aéreo europeo, dada la prioridad de las operaciones civiles frente al tráfico civil, y la caída de la ocupación. En este último aspecto, la CE se remite a las previsiones de la IATA (la organización internacional del sector), que teme una caída en la facturación de al menos seis millones si la guerra dura tres meses.

Bruselas, sin embargo, no se ha dejado impresionar por todas estas variables y señala que el impacto de la guerra 'no se debe sobrevalorar'. Aunque reconoce que 'se deben adoptar una serie de medidas para apoyar al sector ', advierte que, en ningún caso, 'se aceptarán las que distorsionen la competencia entre Estados y compañías'. Es decir, según la traducción de fuentes comunitarias, 'decimos no a las ayudas de estado directas'.

Los anexos del plan subrayan que seis grandes compañías aéreas (British Airways, Air France, Lufthansa, Iberia, KLM y Ryanair) se han recuperado ya del impacto del 11 de septiembre. Los beneficios de la compañía alemana Lufthansa incluso han mejorado, según resalta la Comisión.

Por esta razón, Bruselas no parece dispuesta a permitir que 'la situación actual sirva de pretexto para retrasar la necesaria reestructuración del sector'. La CE sigue defendiendo un proceso de consolidación en el que al final podrían quedar sólo cuatro o cinco grandes compañías de bandera europea. La aerolínea belga Sabena se convirtió en 2001 en la primera compañía de bandera en desaparecer. La griega Olympic está a punto de convertirse en la segunda. En ambos casos, los expertos comunitarios achacan la crisis a la gestión de las compañías y no a factores coyunturales.

La actitud de la Comisión contrasta con las ayudas multimillonarias que EE UU concedió a sus líneas tras los atentados del 11 de septiembre, un apoyo que puede repetirse si la guerra erosiona de nuevo los beneficios del sector. Los ministros de Transporte de la UE, que se reunirán este viernes en Bruselas, invocarán esta desventaja competitiva para defender un apoyo más decidido al sector.

Pero la CE recuerda que ya ha propuesto una reglamento comunitario que permitiría a la UE penalizar económicamente a las compañías de países terceros que operan en Europa con ayudas de sus respectivas Administraciones. El texto, pensado casi exclusivamente para las compañías estadounidenses, se abordará durante el Consejo de esta semana, pero al menos Francia, Alemania y Reino Unido se oponen en estos momentos a su adopción.