El Supremo ilegaliza Batasuna y abre un proceso para liquidar su patrimonio
Después de seis meses y medio de procedimiento y tras cuatro días de deliberaciones, el presidente de la Sala Especial del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, hizo ayer pública la sentencia en la que se estiman 'íntegramente' las demandas presentadas por la Fiscalía General del Estado y por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, el pasado mes de septiembre solicitando la ilegalización de la coalición aberzale.
De esta forma, el Supremo declara ilegal Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, en una decisión tomada por unanimidad de los 16 magistrados de la Sala 61, encargada de los procesos de ilegalización de partidos.
El fallo fue notificado ayer a Batasuna y a las dos partes demandantes. Ahora, a Batasuna sólo le queda presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque la ilegalización tendrá efectos a partir de la notificación de la sentencia del Supremo, en los próximos días. Por este motivo, Batasuna, EH y HB no podrán presentarse a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.
Además, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Partidos, 'tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá al cese inmediato de toda actividad del partido político disuelto'.
Dinero humanitario
Así, 'la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario'.
Respecto a la posibilidad de que otras formaciones políticas sustituyan a las ilegalizadas, la ley indica que 'se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto'. En ese sentido, el ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró ayer que si ETA pretendiera presentar otra formación a las próximas elecciones 'inmediatamente actuarían el fiscal general y la Abogacía del Estado'.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, declaró ayer su alegría y su satisfacción por el contenido de esta sentencia. 'Los terroristas no podrán marcar las reglas del juego ni en España ni fuera de España', dijo.
Aunque el Gobierno vasco no anunciará oficialmente su reacción a esta medida hasta hoy, la Ejecutiva del PNV consideró que la sentencia del Tribunal Supremo es un 'grave atropello a una libertad fundamental como es el derecho de asociación'.