La SEPI denuncia ante el juez el desvío de fondos de Babcock a su matriz
La SEPI ha decidido poner en marcha la vía judicial para clarificar el origen de los 20 millones de euros que el grupo alemán Babcock Borsig desvió desde su filial española a una cuenta de su propiedad pocos meses después de lograr hacerse con el control de Babcock Wilcox tras ganar su proceso de privatización y cinco meses antes de suspender pagos en Alemania.
La denuncia, presentada ante un juzgado de la localidad vizcaína de Barakaldo (término judicial en el que está la sede de la empresa), pide al juez que abre una investigación formal sobre los fondos transferidos.
Según aseguró ayer Ignacio Ruiz-Jarabo, presidente de la SEPI, en el Congreso de los Diputados, la denuncia no se dirige contra nadie en concreto. 'Simplemente, le decimos al juez que hemos tenido conocimiento de un presunto hecho delictivo y le solicitamos que investigue si lo considera oportuno. En realidad no sabemos si los fondos desviados eran originalmente de la SEPI o pertenecían a Babcock Wilcox España. Y tampoco sabemos quién dio la orden de transferirlos', explicó. Ruiz-Jarabo aseguró que si la SEPI tuviera plena seguridad de que efectivamente ha habido desvío de fondos públicos, estaría obligada a 'presentar una querella contra Babcock Borsig'.
'De momento -precisó- nos hemos limitado a adoptar ciertos controles adicionales sobre los mecanismos financieros con los que nos comprometimos a capitalizar la compañía'. Ruiz-Jarabo reconoció que actualmente no se puede asegurar que no se estén produciendo nuevos desvíos de fondos, 'aunque pienso que es muy difícil que se esté haciendo porque ya no le queda mucha tesorería en caja', dijo.
El trasiego de fondos y la forma en que se ha contabilizado han provocado salvedades del auditor en los ejercicios 2001 y 2002 y que los dos consejeros sindicales de Babcock Borsig, uno de UGT y otro de CC OO, se hayan negado a firmar las cuentas de ambos periodos contables.
La auditoría desvela que Babcock Borsig provisionó esos 20 millones contra la cuenta de resultados, que es deficitaria. Al mismo tiempo, en el acuerdo de privatización, la SEPI se comprometió a cubrir las pérdidas de Babcock España durante los tres primeros años tras la venta de la empresa.
La segunda salvedad considera excesiva una provisión de 68,5 millones en concepto de dotación para potenciales pérdidas futuras en proyectos en curso y reestructuración futura de la sociedad.
El presidente de la SEPI aseguró que la búsqueda de una solución para la empresa será una tarea muy difícil a la vista del delicado momento por el que atraviesan las empresas de bienes de equipo. 'Necesitaremos el apoyo y la colaboración de todas las partes implicadas', dijo. Ruiz-Jarabo aludía así implícitamente al fracaso de las gestiones que se llevaron a cabo para vender la compañía a Duro Felguera. 'Es muy difícil que alguien compre algo si los mismos que están dentro de la empresa lanzan el mensaje de que harán la vida imposible al comprador', precisó.
Sí subrayó que la SEPI no recomprará la empresa, 'eso sería condenarla a una quiebra segura, ya que la CE no nos permitiría volver a inyectar fondos para sanearla'.
Por otro lado, Ruiz-Jarabo aseguró que será ahora el consejo de administración de la SEPI el que tendrá que autorizar la venta del 4,2% que Mercasa tiene en Ebro Puleva y que será vendido a la familia andaluza Hernández Barrera, con lo que se convertirá en el segundo accionista de la compañía.
Diez ofertas competirán por ENA
Un total de 10 grupos o empresas han sido preseleccionados para poder presentar una oferta vinculante por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Esta selección estaba determinada por la aceptación plena del actual plan industrial de la compañía, además de una serie de compromisos futuros. æpermil;stos se referían a niveles de solvencia de los ofertantes, compromiso de permanencia en la compañía, mantenimiento de los fondos propios y respeto de la plantilla, además de la conservación de las condiciones laborales.Una vez aceptados todos estos condicionantes previos, la SEPI ya sólo valorará la mejor oferta económica. Y la decisión se tomará antes del verano.En el otro proceso de privatización abierto, el de la aseguradora Musini, se han recibido cinco ofertas no vinculantes. Tres para la rama de seguros de vida y otras dos para la de riesgo industrial. También en este caso Ruiz-Jarabo anunció que la decisión de privatización se tomará antes del verano.Por otro lado, Ignacio Ruiz-Jarabo precisó que, ayer mismo, la SEPI ha dado orden a su banco para que venda las acciones de Trasmediterránea en la opa lanzada por el consorcio liderado por Acciona. Esta venta culminará el procesó de privatización de la naviera.