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Columna
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'No hace falta que venga'

La democracia online es algo más que poder votar por Internet, es también la posibilidad de que los ciudadanos expresen y defiendan mejor sus intereses. Las nuevas tecnologías de la información multiplican las oportunidades para participar en la vida pública y en la toma de decisiones sobre los asuntos que nos afectan y hacen más fáciles y libres las relaciones de los ciudadanos con los poderes políticos.

Internet nos lleva, inexorablemente, a la redefinición de los servicios públicos, con el objetivo de que el viejo vuelva usted mañana sea sustituido por el no hace falta que venga.

Las Administraciones públicas tienen la obligación de prestar sus servicios utilizando para ello los medios más eficaces, de modo que sea posible mejorar y simplificar la vida de los ciudadanos. Internet es una herramienta poderosa para lograrlo y eso es lo que llaman la e-Gobernanza, una asignatura en la que España está logrando un aprobado alto.

El Gobierno electrónico es uno de los tres ejes del Info XXI, el intento español de llegar a la Sociedad de la Información para todos, y es uno de los frutos dulces de ese plan que hasta ahora ha dado tantos otros amargos. Hoy las Administraciones públicas españolas no sólo disponen de servicios por Internet entre los más desarrollados de Europa -son las quintas del ranking-, sino que últimamente han estado avanzando más rápido que la media europea.

Con todo, España todavía se encuentra en la llamada etapa de interacción unidireccional, en la que los ciudadanos que utilizan los servicios públicos disponibles en la Red tienen información sobre los mismos y pueden, por ejemplo, descargarse los formularios, pero no pueden realizar todos los trámites administrativos de forma online.

El desarrollo de los servicios públicos online suele recorrer tres etapas. La primera es la meramente informativa, la del Internet tonto. La segunda es ya interactiva, pero sólo en una dirección, de las Administraciones hacia los ciudadanos; es la etapa actual, de interacción unidireccional.

La última es la de la interacción bidireccional, en la que toda la gestión administrativa se realizaría en la Red, evitando procesos offline, y que exige inexcusablemente sacar adelante la nueva legislación sobre la firma electrónica, algo todavía pendiente, para eludir así los procesos que requieren la firma presencial del ciudadano en su tramitación.

Pero hay otros obstáculos, además de la firma electrónica, que es necesario superar para que sea una realidad el no hace falta que venga.

Internet es el desarrollo tecnológico de más rápida implantación en la historia, pero la conectividad es todavía insuficiente y en España sólo acceden a la Red unos ocho millones de personas. Hay que empezar por multiplicar el número de internautas para que la e-Gobernanza llegue a la mayoría, y para eso es necesario aplicar recetas que incluyen actuaciones como las siguientes: aumentar el parque de ordenadores personales, que su acceso a la Red sea barato y rápido, que Internet sea accesible intelectualmente y que su uso sea, además, útil, atractivo y seguro.

Hay que mejorar también la navegabilidad y el diseño de la administracion.es, el llamado portal del ciudadano, destinado a ser su intermediario virtual con la Administración.

Y, por último, en la actualización próxima del plan Info XXI debería marcarse a las Administraciones públicas una relación de objetivos, con fechas concretas de cumplimiento, que lleven a la incorporación de todos sus servicios públicos a la Red.

Y todavía sería mejor adelantar esa obligación por real decreto, sin esperar al nuevo Info XXI, con el fin de eliminar diariamente un total de cuatro millones de desplazamientos y envíos por correo.

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