España ante la reforma de la política común de pesca
El próximo sábado, día 1 de marzo, concluye el plazo para presentar recurso contra la Unión Europea por parte de la Administración española en relación con la política común de pesca (PCP) aprobada en diciembre del año pasado.
El sector pesquero español esperaba que las bases de la reforma de diciembre de 2002 contemplaran una modificación de las condiciones de acceso a las aguas y a los recursos, suponiendo, en consecuencia, la eliminación de todos los aspectos ligados a la discriminación, excepcionalidad, transitoriedad y arbitrariedad que ha venido caracterizando a la política pesquera comunitaria.
Sin embargo, los acuerdos concluidos en diciembre del pasado año, después del periodo de vigencia de 20 años, mantienen el aplazamiento de las condiciones de igualdad de trato a la flota española en torno a uno y dos años, atendiendo a distintas consideraciones.
O sea, las posibilidades de pesca están limitadas en los términos anteriores a la reforma, sin que hasta el momento se eliminasen las condiciones de discriminación.
Dicho de otra forma, el acuerdo de diciembre de 2002 va en contra del Tratado de Adhesión, prolongando las ambigüedades y las excepcionalidades.
¿Cómo nos afecta? En primero lugar, debemos esperar un año a que la Comisión Europea nos pueda garantizar el acceso a las aguas y a las áreas, por lo que, como europeos, podemos afirmar que en la actualidad somos discriminados; y, asimismo, debemos continuar esperando un año para poder operar en igualdad de condiciones con las demás flotas en el área del Box irlandés.
En segundo lugar, en lo que respecta a las condiciones de reducción de flota para ajustarla a las posibilidades de pesca, se modifican los criterios; y, a partir de ahora, se establecen nuevos 'niveles de referencia para las flotas' cuando con anterioridad, en los planes de orientación plurianuales, los niveles de cumplimiento de la flota española fueron absolutos y, sin embargo, continuamente incumplidos por otros países europeos, sin que a estos infractores se les haya sancionado o mermado sus opciones de financiación con ayudas públicas en lo referente a construcción y modernización de las flotas pesqueras.
Asimismo, en la propuesta aprobada en diciembre, las sociedades mixtas sólo se podrán constituir en aquellos supuestos en que exista acuerdo pesquero suscrito con un país tercero -en consecuencia, en el caso de Marruecos no existiría tal posibilidad-, lo que reduciría las oportunidades de expansionismo y vinculación con capitales de otras naciones; y, por último, se eliminarían las ayudas e incentivos económicos y financieros para los barcos con mayor arqueo, esto es para aquellos operan en aguas y zonas lejanas.
Es fácil decir, por tanto, que la política común de pesca aprobada en diciembre del año 2002 supone dar privilegios a aquellos países que no han hecho los deberes en el periodo de los años noventa.
Por el contrario, España, que ha cumplido con creces los ajustes pesqueros, que se ha visto restringida y limitada en su operatividad en determinadas áreas y en las posibilidades de pesca, ve cómo en la actualidad queda penalizada.
Por último, en el reparto de las posibilidades de pesca en aguas comunitarias el acuerdo concluido en diciembre de 2002 supone aceptar el principio de la 'estabilidad relativa'.
Dichas bases fueron establecidas con anterioridad a la formulación de la Europa Azul (allá por 1983) y responden únicamente a una distribución, reparto y compromiso político entre los países que en aquel momento formaban parte de la Unión Europea.
Por tanto, no tienen en consideración el hecho de que la UE se haya ampliado, de que forman parte de ella nuevos países pesqueros, de que existen regiones dependientes de la pesca, y del estado actual de los stocks pesqueros.
Aquel reparto subrayaba una discriminación inicial que se ha mantenido desde entonces. En consecuencia, prolongar las desigualdades de trato y de reparto en nada contribuye a reforzar una política común de pesca.
La Administración pesquera española tiene un reto de enorme dimensiones. Los esfuerzos para constituir y animar el grupo de los amigos de la pesca debe servir de resorte y de pivote en sus reclamaciones. Si no fuera el caso, la pesca española se vería discriminada con relación a las otras flotas europeas, y las diferentes opciones estratégicas de las empresas españolas, disminuidas en relación a sus competidores.