Vodafone afronta una ola de reclamaciones tras un 'apagón' de la red sin precedentes

La avería que mantuvo ayer sin servicio la red de Vodafone durante buena parte del día ha reabierto el debate sobre la calidad en las redes de telecomunicaciones y las consecuencias del recorte en las inversiones. Aunque la operadora se ha limitado a señalar que la incidencia se produjo después de realizar diversos trabajos de 'mantenimiento de software', fuentes del sector achacan a la estructura de la red del líder mundial del móvil las nefastas repercusiones que tuvo después.

Las redes celulares tienen una estructura piramidal, en la que el último y más importante elemento son los nodos de señalización. Fue en uno de ellos donde comenzó la avería, hacia las siete de la mañana. En teoría, sin embargo, los diversos nodos son redundantes entre sí, es decir, los otros siguen funcionando y deberían absorber el tráfico. No fue así. En una suerte de efecto contagio aumentado por otra incidencia a la vez en otro nodo, las centrales de señalización fueron cayendo una detrás de otra, hasta dejar a los 8,7 millones de clientes de Vodafone -tanto los usuarios de terminales móviles como las empresas que tienen una centralita celular contratada con esta compañía- a oscuras.

Aunque la operadora puso a trabajar inmediatamente a sus técnicos en la reparación, y pese a los optimistas anuncios de Vodafone sobre el restablecimiento de la red durante la mañana, el servicio completo en todo el territorio no se restableció hasta pasadas las seis de la tarde. Varias horas después, las condiciones de comunicación seguían sin ser óptimas.

Diversos expertos en telecomunicaciones se reconocen incapaces de explicar qué fue exactamente lo que ocurrió. Todos apuntan a la escasa capacidad de señalización de Vodafone para el número de clientes que tiene, pero añaden que eso no es suficiente para crear una avería del calibre de la de ayer, la mayor en la historia del sector. A ello ha tenido que unirse, señalan, que los nodos estuvieran mal estructurados para justificar una caída de la red a escala nacional o la concatenación de diversos errores.

Lo que queda descartado, a la espera de que Vodafone profundice en su investigación, es que haya habido intervención externa, sabotaje. Esta ausencia de culpables ajenos a la compañía hace que la responsabilidad, en principio, recaiga sobre ella. Más allá de los ingresos que Vodafone haya dejado de percibir -que no superarán los cuatro millones de euros-, el daño patrimonial puede venir por la reclamación de indemnización.

Los más rápidos en reaccionar han sido las asociaciones de consumidores y usuarios. Primero la CECU y luego la OCU hicieron un llamamiento a los usuarios de Vodafone para que exijan compensaciones. Según esta última asociación, este derecho está recogido en una orden del Ministerio de la Presidencia, aunque la cuantía depende del daño, informa Efe. En cualquier caso, la OCU ha solicitado al Ministerio de Ciencia y Tecnología que vigile el proceso y garantice un rápido pago de las indemnizaciones.

La CECU, por su parte, está estudiando presentar 'una denuncia ante algún organismo público', algo que la Junta de Andalucía ya tiene decidido. La directora general de Consumo anunció ayer que se abrirá expediente informativo a Vodafone para que aclare las causas del incidente y que no descarta llegar a uno sancionador si se constata alguna 'negligencia o dejación de funciones'.

Pocas horas más tarde, la Generalitat de Cataluña anunció que estudia asimismo acciones legales contra la operadora, puesto que la administración catalana, al igual que la andaluza, tiene contratado el servicio de telefonía móvil con ella.

También pueden reclamar daños algunos grandes clientes y empresas, que en sus contratos tienen firmadas cláusulas de calidad. No lo harán, con toda probabilidad, las otras telefónicas, por los ingresos que han dejado de percibir por interconexión, ya que es muy difícil probar el daño en estos casos.

Pero la investigación más importante y determinante para el futuro de Vodafone es la del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como ya sucedió con el sabotaje que sufrió Telefónica en verano y que dejó sin teléfono a media España, ayer estuvo reunido todo el día el Comité de Planes de Emergencia del departamento que encabeza Josep Piqué. Ahora, la operadora tendrá que presentar un informe en un máximo de diez días y el ministerio tendrá que valorar si abre o no un expediente sancionador.

Las posibles multas no están determinadas, pero la responsabilidad puede llegar incluso a la ejecución de avales, puesto que la calidad es uno de los compromisos asumidos en los concursos de concesión. Y la calidad de las redes es, precisamente, lo que ha quedado en entredicho tras la avería de ayer.