Más sobre la seriedad con las pensiones
En un reciente artículo (Más seriedad con las pensiones, Cinco Días, 18-02-2003), Julián Ariza echa de menos bastante rigor, seriedad y prudencia en el debate político sobre la reforma de las pensiones. He aquí algunas muestras más de dicha falta de seriedad, compartidas por algunos representantes de los agentes sociales.
La primera es el tratamiento que reciben los trabajos técnicos que tratan de informar sobre el sistema de pensiones y sus posibles reformas. Ni el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ni el Comité Económico y Social han producido hasta la fecha ningún análisis riguroso de los retos a los que el sistema de pensiones tendrá que hacer frente en el futuro. Tampoco han estudiado seriamente las consecuencias económicas y sociales de posibles medidas dirigidas a adaptar dicho sistema a la nueva realidad socioeconómica.
Y los trabajos de este tipo realizados por organismos o personas independientes, en lugar de ser discutidos y refutados con argumentos sólidos, son recibidos con inmenso recelo. Por ejemplo, durante las recientes discusiones sobre la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones, un documento de trabajo de Fedea recibió bastante atención por parte de los medios de comunicación.
En una entrevista en El País el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, tras ser inquirido sobre la existencia de estudios que cuantifican la reducción de la pensión media en alrededor de un 25% si dicho periodo de cálculo se ampliara a toda la vida laboral, respondió que él disponía de otros con conclusiones opuestas. No parece serio rebatir un trabajo de investigación que ha sido presentado y discutido en numerosos foros y seminarios de investigación de diversas instituciones públicas y privadas, con informes que, si existen, sólo han visto el señor ministro y sus asesores. Por su parte, el señor Ariza asegura que la discusión sobre la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones estaba dirigida a alentar 'la idea de que el sistema de pensiones públicas tiene insegura su viabilidad' y que 'es sintomático que entre los primeros en publicitar informes evaluando las pérdidas que tal medida supondría, estén los mismos que alientan el negocio de los planes privados de pensiones'. Esta es una reacción habitual entre los supuestos defensores del actual sistema de pensiones. Faltos de argumentos sólidos, suelen recurrir a juicios de intenciones, fallidos en la mayoría de las ocasiones.
En este caso, el documento en cuestión, que está disponible en la página web de Fedea (www. fedea.es) desde julio de 2002, llegó a los medios de comunicación porque un periodista avispado de una agencia de noticias lo divulgó a través de los teletipos, no gracias a maniobras publicitarias de grupos con intereses privados malintencionados.
Otra muestra de irresponsabilidad consiste en propagar la idea de que las futuras cohortes de trabajadores que entren en la jubilación a partir de la tercera década de este siglo podrán recibir sus pensiones en las mismas condiciones que las generaciones actuales de pensionistas.
Dado el aumento de la duración de la vida, la relación entre la pensión media y el salario recibido durante los últimos años de la vida laboral, tendrá que disminuir y la edad de jubilación tendrá que retrasarse. Cualquiera que se haya tomado la molestia de hacer algunos números no puede llegar a otra conclusión. Un informe de CC OO (El sistema de Seguridad Social español en el año 2000. La renovación del acuerdo de pensiones) presentaba un 'escenario de viabilidad' en el que la relación entre la pensión media y el salario medio se reducía casi un 50% durante el periodo 2000-2050, reconociendo, implícitamente, que habrá que introducir recortes para sostener el sistema de pensiones.
Y este es otro ejemplo más de irresponsabilidad que suele ser habitual en el debate sobre las pensiones. En privado, los responsables del Gobierno, políticos de los partidos de la oposición e incluso algunos líderes sindicales reconocen que es necesario proceder a una reforma en profundidad de las pensiones. A continuación añaden que hay tiempo para ello, puesto que los problemas financieros no empezarán a ser graves hasta el tercer decenio de este siglo.
Lo que no parecen entender es que un sistema de pensiones no se puede reformar drásticamente de un día para otro. Las generaciones que se van a jubilar a partir del año 2020 ya están en la segunda mitad de su vida laboral y necesitan saber con bastante antelación qué pueden esperar del sistema de pensiones para tomar sus decisiones de ahorro. Los últimos ejemplos de irresponsabilidad son, hasta ahora, que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales haya aplazado el debate hasta la próxima legislatura, porque 'los sindicatos no quieren llevarlo a cabo ahora' y que éstos se muestren satisfechos con que se siga perdiendo tiempo para abordar uno de los principales retos a los que tendrá que hacer frente la política social en el futuro.