Precio y valor del déficit
Cuentas públicas e infraestructuras. Estas dos variables van unidas en la historia de los Estados, y en España han creado los últimos años un agitado diálogo, aún no concluido, entre liberales y socialdemócratas. Si en la década de los ochenta se dio el primer gran impulso a la obra pública con el fuelle del gasto y la deuda públicos, en los noventa se impuso la doctrina liberal de atajar el recurso indiscriminado al erario para financiar los grandes proyectos integradores del país. Pese al convencimiento ideológico de que el fin del déficit es la mejor ayuda contra la inflación y a favor de la inversión privada, fue el imperativo comunitario el verdadero motor que movilizó al Gobierno hacia al déficit cero.
Las dos doctrinas van y vuelven tantas veces como los ciclos, y se suceden cada vez que la otra fracasa. La revisión más reciente se ha producido en el Reino Unido, tras el peligroso debilitamiento de buen número de servicios públicos privatizados en la era Thatcher. Además, la revisión del modelo se ha hecho con consentimiento activo de las autoridades comunitarias, lo que han permitido a Londres movilizar grandes cantidades de gasto por el hecho de ir destinado a reparar el maltrecho esqueleto de los servicios públicos de la isla.
En España, el debate se ha encaminado a la realización de las grandes obras de infraestructuras con mecanismos de inversión mixta, que en muchos casos han dado frutos evidentes en rapidez y calidad, pero en otros han dejado desiertos los proyectos por la falta del estímulo de la rentabilidad. Así, el Ministerio de Fomento tiene paralizados los proyectos de mejora y modernización de las primeras cuatro autovías radiales construidas en España por el simple bloqueo que ejerce Hacienda. Por imperativo comunitario, el gasto de todo el proyecto de mantenimiento y modernización de tales autovías, ejecutable y devengable en varios años, debe computarse en el primer ejercicio.
Tal posibilidad descabala las cuentas públicas y rompe el déficit cero. Y su defensa numantina -que ha proporcionado evidentes réditos para la actividad privada- mantiene bajo mínimos los estándares de calidad y seguridad ni más ni menos que de 2.000 kilómetros de autovía, para riesgo evidente de los usuarios. Así las cosas, sólo el continuo parcheo resolverá el problema, mientras aflora, por enésima vez, el fantasma de los peajes, sin duda el mecanismo con más lógica económica para estos casos, tal como el propio Gobierno ha reconocido para financiar el excesivo gasto sanitario desde enero de 2002.
En todo caso, la UE debería unificar su criterio. Si el Reino Unido puede elevar gasto porque se trata de inversión, y en Madrid, como se conoció ayer, la comunidad autónoma puede endeudarse por 18 años para prolongar el metro sin acumular deuda, para calificar las inversiones en infraestructuras estatales se debería disponer de manga más ancha, siempre que no se arriesgue la estabilidad financiera de los Estados.