El chapapote y los fondos de pensiones
En marzo de 1989 se produjo la catástrofe del petrolero Exxon Valdez, que causó la muerte de miles de animales al contaminar el océano y las costas de Alaska. Era un petrolero sin doble casco y produjo una de las peores mareas negras de la historia.
Este aldabonazo causó un fuerte impacto en las conciencias de los americanos. Hoy, 14 años después, en un buscador estándar de Internet pueden encontrarse 87.000 referencias sobre el tema. En todos los ámbitos (académicos ecologistas, empresariales, políticos) este lamentable suceso impulsó la conciencia medioambiental y condujo a crear en menos de seis meses la coalición Ceres. En inglés, es el acrónimo de la Coalición para una Economía Medioambiental Responsable. Un grupo de fondos de pensiones, ecologistas, religiosos (muchos de ellos católicos) e inversores socialmente responsables. Establecieron los Valdez Principles, un código de conducta empresarial. Un decálogo que compromete a las empresas que lo suscriban a: proteger a la biosfera, el uso sostenible de los recursos naturales, la reducción y tratamiento de los residuos producidos, el uso inteligente de la energía, la reducción de los riesgos de dañar al medio ambiente, la venta de productos y servicios seguros para el medio ambiente, la compensación de los daños cuando se produzcan; la transparencia informativa sobre los sucesos que causen daño ecológico, la presencia en la dirección de expertos en ecología y la realización de auditorías anuales de los progresos realizados en la ejecución de estos principios en la empresa.
Esta coalición estuvo apoyada desde el principio por ONG, Administraciones públicas y gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva. Independientemente de sus limitaciones prácticas, supuso un cambio de actitud de las empresas hacia la responsabilidad social.
La coalición Ceres exigió a 18 grandes empresas que informaran de sus planes para un desarrollo sostenible en los informes anuales del ejercicio 1990. En aquel momento sólo 11 lo hicieron. Hoy el mundo ha cambiado. Más de 2.000 grandes empresas emiten informes acerca de su comportamiento medioambiental. Los criterios de certificación medioambiental normalizada están extendidos por todo el mundo, incluida España.
Algunas grandes empresas españolas, lamentablemente muy pocas, figuran ya en índices internacionales de responsables como el Footsie4Good. Este índice sectorial incluye sólo aquellas empresas que alcancen un nivel suficiente de responsabilidad social y que hayan integrado dicha exigencia en su estrategia. Esto permite que los inversores discriminen positivamente a las empresas socialmente responsables, dirigiendo hacia ellas sus inversiones.
Desde un principio, los fondos de pensiones de los funcionarios de Estados relevantes de EE UU, como California o Nueva Jersey, se comprometieron a invertir sólo en empresas que aceptasen los Valdez Principles. A estos pioneros, se les han sumado muchos otros a lo largo de estos años. La presión de estos inversores institucionales ha sido determinante para impulsar la responsabilidad social de las empresas.
El caso Prestige nos recuerda a los que nos dedicamos a la inversión institucional que detrás de una empresa que atenta contra la sociedad se encuentran inversores que tienen su cuota de responsabilidad en este tipo de sucesos lamentables. Los gestores de fondos debemos ser conscientes que invertir debe llevar aparejada una ética mínima para no financiar a quien perjudica a la sociedad.
En España, ahora es buen momento para que los inversores responsables soliciten a todas las empresas cotizadas en las que invierten detallen sus criterios de responsabilidad social, medioambiental y de respeto a los derechos sociales. Que las empresas cuya actividad pueda ser dañina para el medio ambiente tengan planes que hagan compatible el beneficio empresarial con el desarrollo sostenible. Es el momento de crear una Coalición de Inversores Responsables que se comprometan a limpiar de sus carteras de valores este verdadero chapapote de empresas socialmente irresponsables.
Pero hay que ir más allá. ¿Se imagina usted que el Servicio de Salud de una Comunidad Autónoma sostenga a las empresas tabaqueras a la que a su vez demanda ante los tribunales?, ¿o que una empresa municipal de gestión de aguas financiara a quien realiza vertidos incontrolados? ¿Y si recursos procedentes del Ministerio de Hacienda se invirtiesen en paraísos fiscales?
Cada vez más ayuntamientos, diputaciones, universidades o comunidades autónomas promueven y financian planes de previsión social para sus empleados. El próximo año probablemente todos los funcionarios que dependen directamente del Estado tengan un plan de pensiones.
Sin embargo, no existen normas públicas que regulen en qué tipo de empresas resulta contraproducente que invierta un fondo de pensiones financiado por un Estado democrático. Nada impide a un fondo de pensiones invertir en empresas dedicadas a la producción y exportación de armamento a países con regímenes dictatoriales, en empresas que explotan mano de obra infantil o que evaden impuestos.
Es necesario que el Parlamento establezca un marco de principios básicos respecto a las inversiones de los fondos de pensiones financiados con recursos públicos. Resulta urgente que finalice la financiación a empresas que, llevadas por la codicia desmesurada, atentan contra los derechos y los bienes de toda la sociedad.