Cascos acepta la solución que imponga Hacienda para la deuda de Renfe
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos tira la toalla y afirma que aceptará 'de antemano la solución financiera y presupuestaria que el Ministerio de Hacienda plantee para sanear los 6.857 millones de euros a los que asciende la deuda histórica de Renfe'.
En declaraciones a la prensa, Cascos justificó este cambio de postura por las indicaciones de Hacienda, pero aseguró que 'no afectará al diseño del nuevo modelo ferroviario' abierto a la competencia, que el Gobierno prevé introducir con la futura ley del ferrocarril.
'El nuevo modelo ferroviario no depende de la decisión que se tome en relación con la deuda de Renfe y, por lo tanto, el Ministerio de Fomento prestará su conformidad a las distintas alternativas que se obtengan por parte del Ministerio de Hacienda para resolver la deuda de la compañía', explicó el ministro.
A pesar de ello, el titular de Fomento subrayó la conveniencia de simultanear en el tiempo el proceso de liberalización del ferrocarril y el saneamiento de la deuda del operador que actualmente ostenta el monopolio de transporte en tren.
Cascos declinó avanzar las alternativas que el Ejecutivo baraja para liquidar el pasivo de Renfe, por considerar que se trata de un tema que transciende de su Departamento. 'Su adscripción de manera diferenciada, para adaptarse a la nueva estructura ferroviaria es un problema presupuestario y financiero', afirmó.
En el dictamen aprobado recientemente por el pleno del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de Ley Ferroviaria, sin embargo, se insta a Fomento a solucionar la deuda de 6.857 millones de euros que Renfe acumula 'en el plazo de tiempo más breve posible'. Este dictamen da, por tanto la razón a la posición inicial del ministro de Fomento frente a las tesis de Hacienda, quien pretende dilatar en el tiempo la liquidación del pasivo.
Ley Ferroviaria.
En el anteproyecto de Ley Ferroviaria, se contempla la posibilidad de que el Estado asuma el 80% del pasivo, esto es, unos 5.347 millones de euros, quedándose la compañía que preside Miguel Corsini con los 1.510 millones restantes.
La cantidad de la deuda de la empresa ferroviaria que acogería el Estado, según la propuesta inicial de Cascos implicaría un déficit equivalente al 0,8 % del Producto Interior Bruto (PIB) en términos de contabilidad nacional. En la memoria económica de la futura ley se asume que, 'si bien este dato es inferior al compromiso del 3% asumido con los criterios de convergencia de la UE, afectaría a la actual política de equilibrio presupuestario'.
Reconoce también que buena parte de la deuda de Renfe se deriva de los retrasos en el abono por el Estado de compensaciones por hacerse cargo del mantenimiento de infraestructuras ferroviarias.
La Ley del Sector Ferroviario está a la espera de que el Consejo de Estado emita su dictamen preceptivo por lo que su redacción definitiva podría ser aprobada por el Consejo de Ministros a finales de febrero.