Cómo eliminar la deuda de RTVE y Renfe
Las cuentas económicas de las empresas públicas elaboradas por la Intervención General de la Administración del Estado para 1998 contiene un inventario de las empresas públicas, 998, de las que 285 corresponden a sociedades no financieras públicas controladas por el Estado; 641, a sociedades no financieras públicas controladas por las Administraciones territoriales, y 39, a instituciones financieras públicas controladas por el Estado o por Administraciones territoriales. El Círculo de Empresarios ha publicado la Monografía 9 El renacimiento del INI. Situación y perspectivas del sector público económico y local, en la cual aparecen para 1999 un total de 1.170 sociedades mercantiles públicas controladas por las Administraciones territoriales, el 78% más que las figuradas en el inventario de la Intervención.
Aunque el sector público empresarial del Estado ha ido disminuyendo a consecuencia de la política de privatizaciones -en 1993 existían 463 empresas estatales, 304 en 1998-, el sector público empresarial de las Administraciones territoriales ha subido de 485 en 1993 a 1.178 en 1999. En este último sector las subvenciones, transferencia de capital y endeudamiento han tenido un ritmo creciente. La política presupuestaria de convergencia llevada a cabo para el ingreso en la tercera fase de la unión monetaria y la de estabilidad para alcanzar el déficit cero en 2002 ha llevado al Gobierno a reducir las subvenciones y transferencias de capital a sus empresas, sustituyendo los fondos que recibían de los Presupuestos Generales del Estado por autorizaciones para endeudarse, bien con aval o sin aval del Estado, poniendo a algunas empresas públicas en situación de quiebra técnica.
Para proponer soluciones hay que analizar la situación concreta de cada empresa y la incidencia que en el déficit público y en la deuda pública tendría cada una de las alternativas. Vamos a tratar Televisión Española (TVE) y la Red de Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) por la gran cuantía de sus déficit y de los endeudamientos; estos últimos ascienden este año a 12.992 millones de euros, casi 2,2 billones de pesetas, que de ser asumida por el Estado representaría una incidencia en su déficit del 3,2% del PIB, lo que no es viable teniendo en cuenta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Tratado de Maastricht.
La solución para TVE, cuya deuda asciende a 6.192 millones de euros (más de un billón de pesetas), sería dividir TVE, SA, en dos empresas. A estos efectos se separarían los activos reales necesarios para la prestación del servicio público de televisión, con los cuales se constituiría la Sociedad Estatal Servicio Público de Televisión (Canal 2), a los que se le adscribiría el personal necesario; la empresa Televisión Española, SA (Canal 1), que sólo tendría a su cargo la televisión comercial, sería privatizada. Si el sector público español ha abandonado sectores claves para el desarrollo, como las telecomunicaciones y la energía, por qué nos empeñamos en permanecer como productores de servicios comerciales de televisión, haciendo recaer sobre los contribuyentes una carga fiscal de 618 millones de euros anuales, cuando en el mercado existen ya bastantes operadores privados actuando en competencia y que irán aumentando con las televisiones digitales y por cable. ¿No existirán razones políticas, ya que las funciones de servicio público de televisión continuarían realizándose por la otra sociedad pública, Servicio Público de Televisión? Por otra parte, entrar a competir en un mercado fuertemente saturado como el de la publicidad podría acarrear reacciones adversas fuertes del sector privado, que cumple su función en un mercado ya fuertemente competitivo y que cada día lo será más. Acusaría al sector público de competencia desleal y de los problemas que se les generaría.
Ami entender la solución se encuentra no en la huida hacia delante emprendiendo operaciones empresariales de alto riesgo y de rentabilidad más que dudosa, sino en situar la actividad del sector público en la televisión en el campo que le corresponde (el de servicio público), abandonando los servicios comerciales. Lo mejor sería vender la empresa tal y como resulte de la segregación de activos y de la distribución de personal, corriendo de cuenta del comprador la reestructuración de la empresa, con lo que los problemas derivados del ajuste de plantilla no recaerían en el sector público, aunque el precio obtenido por la privatización sería menor. Ello permitiría además la asunción de la deuda por el Estado, sin incidir en el déficit público.
El Manual del SEC-95 sobre el déficit público y la deuda pública (edición 2002) establece que la asunción de una deuda de una sociedad pública por las Administraciones públicas requiere como contrapartida una transferencia de capital con repercusión sobre la capacidad o necesidad de financiación de las Administraciones públicas. Sin embargo, el propio Manual efectúa excepciones, como 'la asunción de una deuda de una sociedad pública en el marco de un proceso de privatización en curso que se prevé concluir a corto plazo'; este caso se trata como una operación de acciones y otras participaciones debido a que considera que las repercusiones negativas de la asunción de una deuda de una empresa pública sobre el patrimonio neto de la Administración pública se ven compensadas, a corto plazo, por las repercusiones positivas sobre el valor del capital social de la empresa pública.
En cuanto a Renfe, con una deuda de 6.800 millones de euros, es necesario sanear dicha empresa para que de acuerdo con la directiva comunitaria pueda establecerse una desregulación del transporte ferroviario. La solución podría venir en dividir Renfe en dos empresas, una encargada de las infraestructuras del ferrocarril, que sería pública y cobraría un canon a las empresas que utilizan la misma (podría integrarse en el Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) a cuyo efecto se separarían los activos reales (las infraestructuras) necesarios para la prestación del servicio, en la que se adscribiría el personal para la realización de tal cometido, y otra empresa que tendría a su cargo el transporte comercial de viajeros y mercancías, que sería privatizada y estaría en competencia con los operadores privados que decidan entrar en el mercado. Ello permitiría la asunción de la deuda por el Estado, sin incidir en su déficit público, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual del SEC-95 sobre el déficit público y la deuda pública (2002).
Los fondos obtenidos de las privatizaciones ingresarían en el Tesoro público y servirían para amortizar, en parte o totalmente, la deuda asumida.