Una propuesta para reducir la elevada siniestralidad laboral
El elevado número de accidentes que se producen en el trabajo, la existencia de enfermedades que tienen un origen laboral y las últimas acciones puntuales en prevención de riesgos laborales, desarrolladas tanto a nivel de Estado como de las empresas, incitan a reflexionar sobre un plan a largo plazo que requeriría el impulso de todas las partes implicadas en el marco de esta materia.
Dicho plan tendría como objetivo implicar a todos los protagonistas (Gobierno, sindicatos, empresas, servicios de prevención ajenos...) a todos los niveles (Estado, comunidades autónomas...), para llevar a cabo un proyecto a largo plazo que debería acabar, de una vez por todas, con una parte importante de la siniestralidad laboral.
La implantación del proyecto necesita un esfuerzo financiero por parte del Estado que a medio plazo, a consecuencia de la reducción de la siniestralidad laboral, quedaría compensado.
El pilar básico y principal de este proyecto es ayudar con subvenciones del Estado a la renovación de los equipos e instalaciones de trabajo, que representan las causas principales de la mayoría de los accidentes y enfermedades laborales. Las empresas afectadas principalmente son las pequeñas empresas y, en menor medida, las grandes compañías.
Este plan se podría desarrollar en tres fases:
En una primera se definirían los sectores afectados por una mayor siniestralidad, se propondría un método de análisis técnico, se definiría el apoyo financiero por parte del Estado y se concretaría el nivel general de subvenciones, así como el método de reparto.
Una vez definido el marco general, se debe profundizar en el análisis técnico de cada sector afectado para inventariar los equipos más peligrosos (por ejemplo, cabinas de pintura en los garajes, sistemas de ventilación en el tratamiento técnico...).
En esta fase se deben firmar acuerdos técnicos para garantizar un nivel de subvenciones y la manera de conseguirlas.
Una parte importante de esta fase es la negociación con los proveedores de equipos e instalaciones, garantizando para los mismos pedidos importantes, consiguiendo una reducción notable de sus precios.
Una vez finalizado el proceso de definición técnica, las empresas deben firmar un contrato de seguridad y salud laboral individual que debe contemplar la renovación de los equipos e instalaciones afectadas; el plazo para conseguirlo y el calendario de subvenciones; supeditación de lo anterior a la aceptación por parte de la empresa de una auditoría de riesgos laborales.
El acuerdo en el ámbito de cada empresa no debe ser sólo un acuerdo de financiación, sino un proyecto global por parte de la misma para erradicar los accidentes y las enfermedades en su entorno.
En el ámbito del acuerdo se debe prever la existencia de entidades especializadas en prevención de riesgos laborales para garantizar la puesta en marcha del plan de prevención, así como para facilitar a la empresa los trámites administrativos de las subvenciones.
Finalmente, este plan se debe tramitar de manera global por parte de un gabinete técnico de prevención de riesgos laborales que asesorará a los protagonistas implicados en sus diferentes fases y asegurará el seguimiento de su desarrollo.