La oposición denuncia irregularidades en la adjudicación de la campaña de las pensiones
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha afirmado hoy que el Ministerio de Trabajo ha adjudicado "a dedo, sin concurso y trámite previo" a la empresa 'Carat', propiedad del ex portavoz del Gobierno Miguel Angel Rodríguez, la realización de la campaña informativa de publicidad sobre revalorización de las pensiones por un importe de 7.200.000 euros.
Llamazares ha asegurado que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque la ley de Contratación del Estado impide la adjudicación por medio directo de cualquier empresa por más de tres millones de euros sin que haya otras tres ofertas distintas. El líder de IU ha explicado que el BOE de ayer publicaba el anuncio de dicha contratación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social para el diseño, producción y ejecución de una campaña informativa de publicidad sobre revalorización de pensiones en el año 2003 y el abono de una paga única para compensar el mayor crecimiento del IPC.
A su juicio, este anuncio demuestra que el Gobierno y el PP "sólo han hecho una adjudicación directa a sus amigos", por lo que la precampaña electoral de las próximas elecciones municipales y autonómicas "ha empezado muy mal". También ha anunciado que pedirá explicaciones en el Congreso de los Diputados y la comparecencia la en sede parlamentaria del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, para que explique los detalles y el contenido concreto de la adjudicación del anuncio.
Zaplana afirma que es legal
Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, ha respondido a Llamazares, afirmando que la adjudicación de este contrato ha cumplido "escrupulosamente" el procedimiento legal establecido. El titular de Trabajo ha apuntado que "no es verdad que el contrato se haya adjudicado a dedo", sino todo lo contrario, ya que se ha actuado "con pulcritud", al seguir el procedimiento marcado por la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, que establece que se soliciten como mínimo tres ofertas distintas. Según Zaplana, en este caso se pidieron seis y se recibieron cinco, todas las cuales reunían las condiciones establecidas por la ley, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social fue el responsable de la elección, que tuvo fiscalización previa por parte de la Intervención.