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Acuerdo

Argentina acuerda con el FMI abrir la banca pública al capital privado

El próximo 26 de febrero se conocerá el nombre de la consultora internacional que tendrá a su cargo el diseño de la privatización parcial de los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la carta de intención firmada por el Gobierno del presidente Eduardo Duhalde con el FMI, esa tarea supondrá 'la capitalización de esas entidades a través de la emisión pública de acciones'. Es decir, la venta de una parte de esos bancos en la Bolsa de Buenos Aires.

La consultora, que será seleccionada a través de una licitación pública, especificará el carácter de la reforma, que prevé auditorías externas para esos bancos. Por otra parte, el acuerdo con el Fondo detalla que, hasta que se concrete este plan, los préstamos de esas entidades que superen un millón de pesos (alrededor de 300.000 euros) deberán contar con una financiación mínima del 50% por parte de otro banco privado. Lo que supone poner un claro límite a la actividad de la banca pública hasta su privatización parcial.

El contenido de la carta de intención, revelada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, ha creado malestar en el seno del Gobierno, pues configura un plan de ajuste clásico del Fondo. Duhalde había presentado el acuerdo como una 'victoria' argentina frente a la dureza del FMI. No parece ser así.

Por una parte, la meta monetaria implica que la base monetaria debe caer en 800 millones de pesos (unos 230 millones de euros) en los próximos seis meses. El Gobierno argentino se compromete también a extender el impuesto sobre la renta a sectores actualmente exentos, así como a incrementar el impuesto al gasóleo. No se concederán créditos del Estado central a las provincias que no tengan garantías. Los planes de ayuda a los jefes de familia, de unos 50 euros mensuales, tratarán de ser reconvertidos en empleos del sector público y privado, lo que supone fijar un mínimo salarial muy bajo. Esta última decisión implicará que el Gobierno deba afrontar serios choques con los movimientos de parados, conocidos como piqueteros. El Banco Mundial exigirá a Argentina un control estricto del manejo de sus préstamos sociales con destino a los parados, como condición para hacerlos efectivos.

En el plano financiero, los bancos recibirán una compensación adicional de 17.000 millones de pesos (unos 5.400 millones de euros) por la pesificación, la indexación asimétrica y la devolución de depósitos en dólares por orden judicial. A este monto deben sumarse otros 9.000 millones (2.700 millones de euros) ya entregados a los bancos. Este subsidio público tendrá la forma de un bono estatal.

Además, el Estado se hace cargo de 34.000 millones de pesos (unos 10.000 millones de euros) de deudas provinciales a los bancos, de otros 8.000 millones (2.300 millones de euros) de deudas anteriores de las provincias, y de 27.000 millones de pesos (8.400 millones de euros) por la inflación sobre deudas actualizadas. Esto 'llevará la deuda pública a 612.000 millones de pesos' (183.000 millones de dólares) en junio de 2003. Un aumento de 32.000 millones de dólares en apenas seis meses.

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