El Gobierno quiere un pacto de comercio para frenar el IPC
La inflación lleva cuatro años en España muy por encima de la senda marcada por el Gobierno, y ha acumulado unos diferenciales con los países de la Unión Europea también superiores a los que el Gobierno ha considerado siempre razonables: 0,5 puntos cada año. Sin embargo, los administradores de la política económica estiman que las medidas liberalizadoras tendentes a reducir las tensiones inflacionistas están prácticamente todas tomadas. 'La inflación en España no es imputable al grado de liberalización', asegura un alto cargo del Ministerio de Economía.
A su juicio, 'la efervescencia de los precios en la economía española es prácticamente por completo imputable a la presión de la demanda, si hacemos abstracción de los efectos del redondeo del euro y de la presión impositiva de las accisas en 2002'. Ilustra esta aseveración con ejemplos de países comparativamente menos liberalizados que España, cual es el caso de Alemania, en el que la inflación está pegada al 1% por la escasa pujanza de la demanda interna en una economía que está al borde de la recesión.
El Ejecutivo argumenta que las condiciones fiscales y de tipos de interés en España facilitan la fortaleza de la demanda, el crecimiento y la creación de empleo como no lo habían hecho en periodos anteriores.
Además, los repuntes de los precios se han concentrado mayoritariamente en sectores de actividad en los que la competencia en muy fuerte y no cabe mayor liberalización, cual es el caso de las ventas de vestido y calzado, o los bares, restaurantes, hoteles o destinos turísticos.
No obstante, el Gobierno no renuncia a nuevos avances en materia de competencia, y especialmente en el sector de la distribución comercial, donde considera que se producen todavía recortes a la oferta y la competencia por la legislación 'restrictiva' de algunas comunidades autónomas.
Informe del TDC
En primer lugar, ha encargado un informe al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) sobre el papel del sector de la distribución en todo el país y la incidencia del mismo en los precios finales de los productos. Fuentes conocedoras de la orientación del citado informe aseguran que denunciará el exceso de legislación autonómica en materia de comercio interior, contradictoria en algunos casos, restrictiva en otros, y especialmente la falta de uniformidad del mercado.
El Gobierno utilizará el informe del tribunal de defensa de la Competencia para proponer, tras las elecciones municipales y autonómicas, a las comunidades autónomas un pacto nacional que unifique la normativa sobre la distribución comercial. Este pacto será similar al que pretende lograr en materia de suelo y del que ya ha hecho una primera oferta el Ejecutivo a comunidades y oposición. En este caso de la distribución quiere que unifique el criterio de concesión de licencias de aperturas en todas las comunidades, así como que se unifique la política de horarios y de domingos de aperturas, que en la mayoría de los casos son bastante restrictivos, a juicio del Gobierno.
La Administración considera que el modelo a seguir es el de Madrid, sin cortapisas en licencias de nuevos centros y con el mayor número de aperturas dominicales (22) de todo el país. Madrid es también la comunidad en la que ha tenido más éxito, aunque limitado, la apertura libre de horario y de días de los centros de menos de 300 metros cuadrados, aprobada en junio de 2000.