Gallardón modifica aspectos clave de su Ley de Cajas para aprobarla por consenso
El Gobierno de Madrid ha conseguido evitar que el nuevo sistema de reparto de las cuotas de poder en Caja Madrid al que obliga la Ley Financiera se convierta en un foco de tensión política, como ha ocurrido en Andalucía, con Cajasur, y en Cataluña, con La Caixa.
Después de tres semanas de negociaciones, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha logrado consensuar la nueva norma autonómica.
El viernes terminó el plazo de enmiendas, con un conjunto de ellas presentadas de forma consensuada con el PSOE, Izquierda Unida y con el sindicato Comisiones Obreras, mayoritario en la caja.
'Hay acuerdo en el núcleo fundamental de la ley', aseguró el viernes a este periódico el consejero de Hacienda, Juan Bravo. No obstante, todavía quedan algunos flecos que deben depurarse durante el debate en comisión, antes de su aprobación definitiva en el primer o segundo pleno de marzo.
De hecho, el PP ha dado marcha atrás en algunos de los puntos clave del proyecto inicial. El texto, presentado el pasado 28 de noviembre, tan sólo requería el voto afirmativo de una mayoría simple de consejeros para la emisión de cuotas participativas. El PSOE exigía una mayoría cualificada de dos tercios que para el PP constituía, en la práctica, una vía de bloqueo. Finalmente se ha optado por una solución intermedia de mayoría absoluta.
La ley hacía también referencia a la regulación reglamentaria del sindicato de cuotapartícipes, una figura que incluye la Ley Financiera, aunque no con carácter obligatorio. Como parte del acuerdo, el Gobierno madrileño accede también a eliminar cualquier referencia a este sindicato.
Además, rebaja del 11% al 8% el peso en la asamblea de la caja de las entidades representativas de la sociedad civil, un sector de nueva creación que se une a las corporaciones municipales, impositores, entidades fundadoras, asamblea de Madrid y empleados. Los sindicatos y empresarios se garantizan la mayoría en este nuevo sector, ya que se acuerda reservarles dos cuartas partes de este porcentaje. El resto será de libre designación.
Asimismo, Gallardón renuncia a la decisión inicial de reservar para el consejo de Gobierno de Madrid la ratificación de qué entidades pueden estar representadas y deja a la asamblea de la caja la última palabra. De hecho, éste fue uno de los aspectos que más suspicacias despertó en el PSOE, que acusó a Gallardón de tratar de hacer un intento de blindaje y de dar entrada a sociedades afines al PP.